El Senado se encuentra en una sesión crucial donde se debaten las modificaciones a la Ley Bases. Esta normativa podría transformar significativamente la estructura estatal y el mercado laboral del país. A pesar de la confianza expresada públicamente, las cuentas de votos son ajustadas. El oficialismo no tiene garantizado el apoyo necesario para la aprobación de estas reformas en la Cámara alta. Con 37 legisladores, se alcanzó el mínimo necesario para iniciar la sesión. La proyección de votos previa al inicio de la sesión indica un empate, con 35 senadores a favor y en contra, uno indeciso y uno con dictamen propio (Lousteau).
Posibles escenarios ante la ausencia de Milei
En este contexto, se vislumbra la posibilidad de un empate en la votación final, situación que otorgaría un papel crucial a la vicepresidente. Victoria Villarruel podría definir con su voto el destino de la norma. Sin embargo, la dinámica del debate se ve afectada por el inminente viaje del presidente Javier Milei a Europa para asistir a la cumbre del G7 en Italia. Con su partida, Villarruel asumiría la presidencia, impidiéndole participar en la sesión del Senado.
La Constitución Nacional y el reglamento del Senado estipulan que el Vicepresidente solo interviene en las votaciones en caso de empate, sin ser necesario para el quórum. El artículo 213 del reglamento permite al vicepresidente emitir un voto decisivo en tal situación. “Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión, se repetirá la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente”, establece el reglamento.
En caso de ausencia del presidente, la Constitución dicta que el vicepresidente debe ejercer el Poder Ejecutivo, dejando su rol en el Senado. Si Milei viaja durante el debate, el presidente provisorio del Senado, Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza, asumiría la presidencia temporal. En ausencia de ambos, la cadena de mando continúa con la vicepresidenta Silvia Sapag, seguida por Carolina Losada y Alejandra Vigo.
Abdala ha expresado su intención de votar a favor de la ley si le corresponde decidir. Sin embargo, un empate podría desencadenar una disputa legal. Esto se debe a que el artículo 33 del Senado permite al presidente provisional ejercer un doble voto en caso de empate. Este escenario podría intensificar las discusiones políticas, poniendo a prueba la capacidad del gobierno para llevar adelante su plan político mediante la aprobación de la Ley Bases.
Los puntos más polémicos del proyecto de ley
- Privatizaciones. Uno de los aspectos más discutidos es la ampliación de la lista de organismos estatales protegidos de la disolución en el artículo 3, que ahora incluye a la Superintendencia de Seguros de la Nación y otras entidades clave. Paralelamente, hay una resistencia considerable a la privatización de empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Algunos bloques políticos buscan su exclusión de la lista de privatizables.
- Reforma laboral. Estas transformaciones han introducido cambios significativos, especialmente en lo que respecta al empleo público. Se ha retrocedido en la posibilidad de disponibilidad de empleados en licencia por enfermedad o accidente, embarazo y matrimonio, manteniendo su estabilidad hasta el fin de su licencia. Sin embargo, la estabilidad del empleo estatal sigue siendo un punto de fricción, con acusaciones de inconstitucionalidad por parte de los sindicatos.
- Modernización laboral. Se ha modificado el artículo 81 para incluir las obligaciones previsionales en el importe único emergente de la registración laboral. Además, se ha aclarado que durante el período de prueba, que se extiende hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa, cualquiera de las partes puede terminar la relación laboral sin indemnización. También se ha suavizado la definición de injuria laboral grave en casos de bloqueo o toma de establecimientos, dejando la decisión final en manos del juez.
- Incentivos a la inversión. Finalmente, dos puntos críticos en la negociación con la oposición son el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades delegadas. El gobierno busca incluir a las PyMES en la cadena de valor de las inversiones y mantener ciertas facultades delegadas para una gestión más ágil. Estos aspectos son fundamentales para el presidente para atraer inversiones y asegurar la gobernabilidad en un contexto de minoría en el Congreso.
