En una jornada judicial que mantuvo en vilo a la opinión pública, la declaración de la ex primera dama Fabiola Yañez se extendió por tres horas y 40 minutos. Marcó un punto de inflexión en la investigación sobre las acusaciones de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. El testimonio permitió a los investigadores delinear con mayor precisión el objeto procesal y los tipos penales a considerar. Esto condujo a la decisión de imputar formalmente a Fernández este miércoles, lo que supone un nuevo capítulo en el proceso legal.
La fiscalía, consciente de la sensibilidad del caso, ha tomado medidas para proteger la privacidad de Yañez. Especialmente tras la filtración de detalles que revelaron problemas de salud y consumo de alcohol por parte de la ex primera dama. El fiscal Ramiro González ha insistido en la importancia de mantener en reserva ciertos aspectos del testimonio para evitar que se vulnere aún más la intimidad de la denunciante. Esto subraya la complejidad y el cuidado con que se maneja este caso de alto perfil.
La fiscalía define una estrategia
El testimonio de Yañez no solo fue clave por los detalles y contextos aportados, sino también porque será respaldado por una batería de pruebas que ella misma se comprometió a entregar en los próximos días. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias. La abogada del expresidente, Silvina Carreira, presentó una apelación a la declaración de Yañez. Argumentó que la defensa no tuvo la oportunidad de participar ni de hacer preguntas, lo que, a su juicio, cuestiona la validez de la audiencia. Sin embargo, el juez Julián Ercolini rechazó la apelación de manera in limine, es decir, sin entrar en el fondo del asunto, al considerar que era improcedente.
La investigación también ha comenzado a examinar el rol de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández. Según las pruebas recabadas, estaba al tanto de los episodios de violencia denunciados por Yañez. Aunque no se ha decidido imputarla, se prevé que será citada como testigo. Su testimonio podría ser crucial para corroborar los hechos sin los riesgos que una imputación podría acarrear. La estrategia de la fiscalía parece ser la de maximizar la colaboración de los involucrados, reservándose la opción de relevar a Cantero de autoincriminación si fuera necesario.
Un aspecto que añade complejidad al caso es la posible implicación de Ayelén Mazzina, exministra de las Mujeres, Diversidad y Género. Yañez la señaló como una persona a la que habría informado sobre los actos de violencia, presentándole incluso fotografías de los golpes durante un viaje a Brasil. Aunque Mazzina negó rotundamente estas acusaciones, la fiscalía evalúa abrir un expediente aparte para investigar un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la exministra.
El caso se ramifica con cada involucrado
En paralelo, una serie de declaraciones han puesto en entredicho la relación del expresidente con su equipo legal. La abogada Mariana Arce, mencionada en una entrevista con El País como representante de Fernández, aclaró que nunca llegó a asumir esa responsabilidad. Arce explicó que aunque fue consultada, decidió no tomar el caso por falta de tiempo y por considerar que una causa de esta magnitud requiere una dedicación plena. Este episodio revela las tensiones y cambios que han caracterizado la defensa de Fernández desde que se conocieron las acusaciones.
Junto con las declaraciones, surge Cecilia del Milagro Hermoso, exdirectora de comunicación digital del gobierno de Fernández. Fue señalada por Yañez como una de las amantes del expresidente. Hermoso, responsable de la cuenta de Instagram de Dylan, el perro de Fernández, se encuentra ahora en el ojo de la tormenta. De esta forma, se suma un nuevo elemento a un caso ya de por sí complejo y cargado de aristas mediáticas y políticas.
La denuncia de Yañez contra Fernández por violencia de género ha comenzado a ramificarse. Involucra a figuras y cuestiones que trascienden lo personal y tocan aspectos institucionales y éticos que prometen seguir resonando en la agenda pública.
