La apropiación indebida de las causas sociales por parte del kirchnerismo ha sido una constante en la historia política argentina. En un contexto marcado por la trágica manipulación de los hechos, esta práctica se ha manifestado incluso a nivel institucional. Históricamente, ha implicado registrar como propios elementos que, en realidad, pertenecen a la herencia liberal del país. Como la educación pública, el petróleo nacional, los derechos humanos y la ciencia argentina. Esta distorsión de la realidad ha contribuido a consolidar un relato político que busca legitimarse a sí mismo, pero a expensas de la verdad histórica y del patrimonio común de la nación.
El PJ utiliza su influencia política para falsificar la historia y atribuirse logros, valores y demandas sociales que no le corresponden. Esta apropiación del kirchnerismo se extiende a diversos ámbitos, desde la burocracia estatal hasta los sindicatos. Genera una estructura de poder que se alimenta de contratos vitalicios y clientelismo político. La instrumentalización de estos recursos ha contribuido a perpetuar un sistema que prioriza la lealtad partidaria sobre la meritocracia y la eficiencia en la gestión pública.
Los profesionales del “divide y vencerás”
La polarización política visible en la famosa “grieta” ha sido cultivada deliberadamente por ciertos sectores, en particular por la dinastía Kirchner y sus seguidores setentistas. Esta estrategia, lejos de promover el debate democrático, busca mantener una fractura permanente en la sociedad como garantía de supervivencia política. Además, esta polarización se acompaña de un componente destituyente, alimentando la deslegitimación de cualquier gobierno que no sea afín al propio partido. Se promueve la «resistencia peronista» ante eventuales cambios en el poder.
La combinación de una crisis económica persistente con crecientes tensiones políticas ha generado un clima de incertidumbre en la sociedad. Las declaraciones alarmistas de ciertos actores políticos, sindicales y sociales, contribuyen a agravar esta situación. Este discurso constante de amenaza velada recuerda momentos oscuros de la historia argentina, alimentando el fantasma del golpismo y socavando la estabilidad política del país. De esta forma, el kirchnerismo busca la apropiación, incluso, del gobierno nacional.
Si piensa distinto, es discurso de odio
Una de las estrategias recurrentes del kirchnerismo para descalificar a sus opositores es la del «discurso de odio». Si bien el término surgió para señalar los excesos verbales en el ámbito público, su aplicación podría generar un riesgo para la libertad de expresión. Especialmente, si se utiliza como instrumento para censurar a la oposición y a los medios de comunicación. La “lucha contra los discursos de odio” a nivel mundial ha estado dirigida a proteger a grupos vulnerables frente a ataques sistemáticos que vulneren sus derechos fundamentales. Sin embargo, en contextos autoritarios como los de Venezuela o Cuba, esto se aplica como “ley mordaza”, amenazando la seguridad jurídica.
En 2022, se generó un movimiento que estremeció a la Ciudad de Buenos Aires. Una mañana se descubrieron una serie de carteles en los que se acusaba de “nazis” a los dirigentes del PRO. Se incluían fotografías de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal con la leyenda “La Gestapro. La policía secreta que tiene el PRO”. Rápidamente se procedió a denunciar a la justicia para conocer las agrupaciones que se encontraban detrás del financiamiento de la movida. Este ejemplo se trata de una jugada de mal gusto que terminó banalizando el holocausto y promoviendo amenazas contra los dirigentes opositores al kirchnerismo.
Las banderas del feminismo de cartón
Un fenómeno de indignación social que incumple los principios de representación democrática se refiere a la apropiación e instrumentalización del feminismo por parte del kirchnerismo. Se destaca la importancia de la libertad de expresión como un derecho fundamental. Especialmente, en un contexto donde las mujeres pueden ser objeto de estigmatización y ataques basados en cuestiones estéticas o de género. Se vuelve necesario defender la diversidad de voces y perspectivas dentro del movimiento de defensa de las mujeres, así como de rechazar cualquier intento de politización partidista de una lucha que es de todas.
El femicidio de Cecilia Strzyzowsky en el Chaco de Capitanich, es un trágico recordatorio de la persistencia de la violencia política en provincias gobernadas por el PJ. Así como también una llamada de atención sobre la impunidad que rodea a estas estructuras mafiosas. Otro caso similar fue el de María Soledad Morales en Catamarca, cuando el nepotismo del clan Saadi desembocó en crímenes aberrantes. El silencio ensordecedor de los supuestos defensores de los derechos humanos y de las feministas progresistas en ambos casos, revela la profundidad del problema y la falta de voluntad para abordarlo. Como si no fuera suficiente lucrar con los fondos públicos y hacer del Estado un negocio, también se apropian de los cuerpos de las mujeres.
Los femicidios continúan siendo una tragedia persistente en Argentina, con alrededor de 300 mujeres asesinadas por año. Las gestiones del PJ destinaron grandes flujos de fondos públicos al Ministerio de la Mujer para “combatir los femicidios”. Sin embargo, los números no muestran una disminución en estos crímenes, comprobando la negligencia gubernamental kirchnerista. Lo mismo ocurre con la banalización de la lucha de la comunidad LGBT+. La militancia partidaria se apropia de estas banderas y excluye por razones ideológicas a los individuos no peronistas que quisieran acompañar esta lucha. Lo irónico es que buscaron instalar el “lenguaje inclusivo” al mismo tiempo que discriminaban y censuraban la diversidad de perspectivas.
El relato sobre los derechos humanos
La defensa de los derechos humanos es un pilar fundamental de cualquier gobierno democrático. La politización de los derechos humanos en función de intereses particulares debilita su valor universal y mina la credibilidad del Estado como defensor de los derechos de todos los ciudadanos. Además, la libertad de expresión y el respeto a la prensa son componentes esenciales de cualquier democracia. Los diversos ataques del kirchnerismo contra estos principios socavan la diversidad de opiniones y generan preocupaciones sobre las libertades garantizadas por el Estado.
La reconstrucción de la memoria debe basarse en hechos verificables, en lugar de ser utilizada como herramienta para fines políticos. En relación a esto, el expresidente Néstor Kirchner se encargó de instalar un relato tendencioso sobre los juicios a los militares del Proceso de Reorganización Nacional. “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades” expresó. Esta apropiación del kirchnerismo por alto que las Juntas Militares ya habían sido juzgadas y se habían condenado, durante otras gestiones de gobierno, las violaciones a los derechos humanos.
Un ejemplo más reciente lo constituye el manejo de la pandemia por parte del expresidente Alberto Fernández, con las disposiciones sobre el ASPO y las restricciones a la libertad individual. Un informe de Amnistía Internacional hace referencia a la violencia institucional perpetuada por el Estado argentino en este período. Se efectuaron más de 10mil detenciones sin justificación, hubo desapariciones y muchas personas fallecieron por la negligencia de las decisiones gubernamentales.
Actualmente, la militancia kirchnerista pretende olvidar este escándalo de su gestión y se esfuerza por instalar operaciones mediáticas para destituir al gobierno democrático de Javier Milei, bajo el argumento hipócrita de que es “autoritario” (como se hizo con Mauricio Macri). Incluso antes del triunfo electoral del libertario, los referentes del PJ enunciaron una variedad de frases amenazantes y antidemocráticas. Por ejemplo, en medio de esta campaña del miedo, Aníbal Fernández dijo que si triunfaba un candidato que no fuera el suyo “las calles van a estar regadas de sangre y de muertes”.
La degeneración de la educación pública
La obra de Domingo F. Sarmiento y Julio A. Roca en la promoción de la educación pública y gratuita marcó un hito en la modernización del país, enfrentando las resistencias de la Iglesia y las élites provinciales. Sin embargo, el revisionismo histórico peronista ha tendido a denigrar este legado. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la educación pública y gratuita tuvo un impacto positivo en la alfabetización y la integración social. Este legado perduró a través de diferentes gobiernos, pero fue distorsionado durante la era peronista, cuando las escuelas se convirtieron en instrumentos de propaganda política.
El caso de la apropiación del kirchnerismo de la reciente marcha federal universitaria ilustra cómo un movimiento político puede cooptar instituciones públicas con propósitos partidistas. Lo cual termina desviando de escena al objetivo original de promover la educación como un bien público para todos los ciudadanos. Se trata de la manipulación de la causa educativa para glorificar a sus propios líderes políticos y promover el adoctrinamiento, contra la autonomía del sistema educativo.
Un llamado a la tolerancia nacional
Ante estas amenazas a nuestra joven democracia, es imperativo promover el diálogo constructivo y un compromiso con la verdad histórica como base para la reconciliación nacional. La manipulación ideológica de las masas y la polarización política solo sirven para mantener un ciclo de confrontación y desconfianza, impidiendo el desarrollo integral de la sociedad argentina.
En las últimas elecciones, el pueblo demostró su hartazgo con la manera en la que los políticos persiguen sus intereses particulares en pos de perpetuarse en el poder. Será necesario que las gestiones trabajen por un proyecto común que respete la diversidad de ideas y garantice las libertades de todos los ciudadanos.
