La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa obliga a las escuelas a mantener sus puertas abiertas durante los días de paro, con una guardia mínima de personal. Obtuvo 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Fue impulsado por Alejandro Finocchiaro, titular de la Comisión de Educación y ex ministro del gobierno de Cambiemos. Principalmente, busca garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes, incluso en situaciones de conflicto gremial.
Desde el bloque PRO, se aclaró que la ley no pretende intervenir en situaciones como las vividas en provincias como Chubut o Santa Cruz, donde los paros docentes se han prolongado debido a la falta de pago de salarios. El objetivo principal es limitar los «paros políticos» convocados por sindicatos como CTERA, que consideran más como acciones políticas que sindicales. María Eugenia Vidal defendió la medida, afirmando que no está dirigida contra los docentes, sino contra lo que denominó «sindicatos que quieren extorsionar».
Equilibrio de derechos
Bajo esta reglamentación, durante los dos primeros días de una huelga, el 30% del personal escolar deberá permanecer en sus puestos para asegurar la continuidad de las clases. Si el paro se extiende, ese porcentaje se incrementará al 50%. Esta regulación, que ha suscitado un amplio debate, pretende equilibrar el derecho de los docentes a la huelga con el derecho de los estudiantes a recibir educación.
La propuesta de Finocchiaro también incluye una planificación anticipada por parte de las escuelas, que deberán informar anualmente sobre el personal afectado al cumplimiento de esta normativa. Esta disposición busca evitar interrupciones totales en el servicio educativo y asegurar que los estudiantes puedan continuar con su formación académica.
“Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, subrayó Finocchiaro
El diputado enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre ambas garantías constitucionales. Además, justificó la medida citando datos alarmantes sobre el estado actual de la educación en Argentina. Por ejemplo, la baja comprensión lectora en tercer grado y el escaso porcentaje de estudiantes que finalizan la escuela secundaria en tiempo y forma.
Argumentos cruzados
El proyecto generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición. Especialmente, en el Frente de Izquierda y Unión por la Patria. Los legisladores de estos bloques denunciaron que la normativa atenta contra el derecho a huelga de los trabajadores de la educación. Itai Hagman, de Unión por la Patria, calificó la iniciativa como un «engaño semántico». Criticó el enfoque del gobierno en atribuir todos los problemas de la educación a las huelgas docentes, ignorando otros factores como el desfinanciamiento y la falta de infraestructura.
El debate también dejó al descubierto las profundas divisiones sobre el modelo de educación que se busca implementar en el país. Para algunos diputados oficialistas, las guardias mínimas propuestas no garantizan la continuidad del servicio educativo, sino que transforman a las escuelas en meras guarderías. Otros como Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, advirtieron sobre el desfinanciamiento del sistema educativo y cuestionaron duramente a quienes consideran que la inversión en educación se destina a «chucherías».
El proyecto de Finocchiaro, que ahora deberá ser debatido en el Senado, promete seguir generando polémica. La discusión sobre cómo equilibrar el derecho a la educación con el derecho a la huelga está lejos de resolverse y tendrá un impacto significativo en el futuro del sistema educativo argentino.
