La investigación sobre el mecanismo de extorsión por parte de referentes de organizaciones sociales sigue avanzando. Cada vez aparecen más pruebas que confirman estas prácticas. La Justicia tuvo acceso a los cuadernos que fueron allanados en el contexto de la causa que investiga lo que se ha denominado “la mafia de los piqueteros”. El material fue secuestrado en una sede del Polo Obrero.
Mecanismos de persecución
De acuerdo con el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, las personas que aparecen en un listado al interior del anotador, titulado “Sanciones”, son aquellas que pasaron a cobrar el plan Potenciar Trabajo y que no participaron en marchas o actividades políticas. Por esta razón, fueron “sancionadas” con medidas como multas, negación de alimentos proporcionados por el Estado o prohibición de entrada a comedores.
Los mecanismos de extorsión se han confirmado a través de los detalles descubiertos en los ahora llamados “los cuadernos del hambre”. Junto al nombre de la persona “multada”, se describe el tipo de sanción que recibiría. Además, los investigadores han notado que algunas de las inscripciones datan del año 2022. Esto sugiere que este modus operandi se llevó a cabo mucho antes de las primeras denuncias realizadas a fines del año pasado a través de la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad.
Beneficiarios vulnerables
La ministra de Seguridad explicó que, tras habilitar la línea para recibir denuncias relacionadas con extorsiones, se procedió a clasificar los llamados, ya que algunos contenían datos imprecisos. Una vez que se identificaron llamadas con información concreta, se avanzó con la judicialización del caso. El fiscal Pollicita lideró la investigación en colaboración con el Ministerio de Capital Humano. Analizaron si los nombres denunciados estaban registrados en las bases de datos de las personas que recibían beneficios del Estado.
Bullrich también mencionó un caso en La Matanza en el que se denunciaron relaciones sexuales a cambio de un plan. Además, señaló que un hecho similar ocurrió en Chaco, donde funcionarios del Estado elegían a mujeres a cambio de proporcionarles un plan. Este caso se caratuló como trata de personas y se investiga tanto a nivel provincial como federal. En resumen, la lucha contra la extorsión y el abuso de poder continúa. Las denuncias sobre la extorsión de las organizaciones sociales fueron fundamentales para exponer estas prácticas y buscar justicia.
