Gerentes de la pobreza

La Justicia investiga a las organizaciones sociales: denuncias por extorsión

Belliboni
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Las pruebas sugieren que la participación en las marchas era forzada, con recursos desviados y coacción.

Una investigación federal ha sacudido los cimientos de las organizaciones sociales en Argentina. Dirigentes y militantes piqueteros están bajo la lupa de la Justicia Federal, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Según testimonios recogidos por Patricia Bullrich vía línea gubernamental 134, se les obligaba a participar en manifestaciones y a vender alimentos destinados a la asistencia social.

Intervención del Polo Obrero

La causa ha llevado a la ejecución de 27 allanamientos y la intervención de líneas telefónicas. La investigación, iniciada tras una denuncia ante el Ministerio de Seguridad, apunta a figuras como Jeremías Canteros y Elizabeth Palma, entre otros, vinculados al Polo Obrero y demás grupos que administraban comedores populares.

La lista de investigados incluye a más de veinte individuos, con la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmando órdenes de allanamiento. Los acusados habrían coaccionado a los beneficiarios, amenazando con dar de baja sus planes sociales si no cumplían con las demandas.

Investigación de la coacción

El fiscal Gerardo Pollicita ha reunido elementos suficientes para convocar a los implicados y realizar allanamientos en busca de pruebas. Se sospecha que los fondos ilícitos obtenidos de las extorsiones se canalizaban a través de cooperativas, con el destino final del dinero aún desconocido.

El tribunal ha enfatizado la importancia de incautar dispositivos electrónicos y documentación relacionada con los planes sociales, ya que se cree que las coacciones y extorsiones se transmitían principalmente a través de estos medios.

Asistencia forzosa en los piquetes

Finalmente, el Ministerio de Seguridad informó sobre el secuestro de millones de pesos, dólares y dispositivos electrónicos. Los chats de apriete han sido capturados, y las pruebas sugieren que la participación en las movilizaciones no era espontánea, sino forzada, con recursos desviados y alimentos estatales vendidos ilegalmente.

Este caso destapa la tensión entre el gobierno y las organizaciones sociales. Patricia Bullrich continúa implementando medidas para reducir la influencia de los piqueteros en la distribución de la ayuda social. Mientras tanto, las manifestaciones continúan, pero hasta ahora, no han logrado alterar la política gubernamental.

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Valentina Davolos

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