La Ley Ómnibus es una táctica empleada recurrentemente por los gobiernos al inicio de sus mandatos con el propósito de agilizar su aprobación y evitar detalladas discusiones fragmentadas. Este proyecto, con el sugestivo título de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», se someterá al escrutinio parlamentario durante las actuales sesiones extraordinarias, inauguradas el pasado martes y programadas hasta el 31 de enero.
Antecedentes en Argentina
La «Ley Ómnibus» constituye un fenómeno que ha permeado la historia política argentina, siendo antecedido por notables instancias, como el envío de paquetes legislativos similares por parte de Carlos Menem al asumir su mandato en 1989, así como las acciones emprendidas por Mauricio Macri en 2015 y Alberto Fernández en 2019. En esta ocasión, el corpus legal propuesto por Milei ostenta una envergadura monumental, con un total de 664 artículos y anexos que abordan una diversidad de temáticas que abarcan desde cuestiones económicas hasta aspectos vinculados con la reorganización administrativa, el ámbito laboral, la seguridad, la defensa, el interior, el medio ambiente, la salud y la infraestructura.
¿Cuáles son los cambios?
Entre los puntos más destacados de esta propuesta se encuentra la solicitud de declarar una «emergencia pública» en diversas esferas, incluyendo lo económico, fiscal, previsional, tarifario, energético, y social, con vigencia hasta diciembre de 2025. Esta medida permitiría al gobierno para asumir «facultades legislativas» en estas áreas, conferiendo un poder extraordinario en la toma de decisiones.
Asimismo, se contempla la privatización de empresas públicas, bajo la premisa de fomentar la competencia, mejorar la eficiencia económica, reducir la carga fiscal y profesionalizar la gestión. La creación de sociedades anónimas, con la posibilidad de que el poder ejecutivo mantenga una acción con derecho a veto, se erige como un componente clave de esta propuesta.
Se proyecta una política de calidad regulatoria, orientada a simplificar, digitalizar y desburocratizar la administración pública. El objetivo es promover la transparencia, el debido proceso administrativo y la reducción de cargas y costos administrativos para impulsar la competitividad de los mercados y contribuir a la generación de empleo.
“Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”. Se menciona dentro de los fundamentos del proyecto.
En cuanto a la reorganización económica, se permite la reventa ilimitada de entradas deportivas, una medida que suscita interrogantes sobre su impacto en el ámbito del entretenimiento y la relación con los consumidores.
La propuesta también aborda aspectos vinculados a la bioeconomía, seguridad y defensa, instaurando sanciones para aquellos que obstaculicen el normal funcionamiento de servicios públicos, así como la implementación del Régimen de Juicio por Jurados a nivel federal.
Más modificaciones en el ámbito electoral
Se propone una reforma que incluiría la eliminación de las PASO, un nuevo sistema de elección de diputados basado en circunscripciones uninominales y modificaciones en las listas cerradas. Además, se busca fortalecer el cuidado integral de la salud materno-infantil. También se proponen cambios significativos en el sistema educativo, que incluyen exámenes obligatorios al final de la secundaria, evaluaciones estandarizadas y el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes permanentes.
En el contexto previsional, el gobierno aspira a eliminar la fórmula actual de actualización de jubilaciones y pensiones, asumiendo la responsabilidad de realizar aumentos periódicos con énfasis en los beneficiarios de menores ingresos, aunque no se especifica la periodicidad ni los indicadores de referencia.
“Haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada”. Se cita en el proyecto.
Algunas resonancias
Al final del extenso proyecto, se incluye un artículo que «ratifica» el decreto de necesidad y urgencia, un elemento que será sometido a discusión en la comisión bicameral, generando inquietud entre los legisladores de la oposición. El DNU, suscita interrogantes adicionales sobre su alcance e implicaciones.
La realidad que aguarda al recién mandatario se manifiesta en una maraña de obstáculos que amenazan con entorpecer la concreción de las anheladas transformaciones. En el ámbito legislativo, un sector del Congreso, marcado por la discrepancia ideológica, podría desafiar y dificultar la implementación de las ambiciosas modificaciones propuestas.
Por otra parte, en el tejido social, la disensión se hace patente a través de la desaprobación expresada por influyentes gremios sindicales. Estos, con una vehemencia cada vez más pronunciada, han alzado su voz de protesta. Declarando que las medidas proyectadas son no solo antagónicas a los principios democráticos, sino que también representan una amenaza para la estabilidad económica de los ciudadanos, generando inestabilidad y la precarización de las condiciones socioeconómicas.
