El juez federal Sebastián Casanello ha decidido intervenir en el caso, considerando la posible relevancia de los testimonios aportados por cinco testigos. Estos testimonios sugieren que se realizaban pedidos para que los beneficiarios de los comedores votaran a una candidata específica en las últimas elecciones, perteneciente al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa de la investigación es el pedido de uno de los imputados para que se tomaran fotografías durante el proceso de emisión del voto, aparentemente a favor de la candidata Vanina Biasi. Este hecho ha levantado más sospechas sobre posibles irregularidades y presiones indebidas dentro de los comedores.
La intervención de la Justicia Electoral marca un nuevo capítulo en este escándalo, que ha generado una profunda preocupación en la opinión pública. Se espera que el juez Casanello tome medidas adicionales en base a la información recabada, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el proceso electoral.
Las pruebas.
El juez Sebastián Casanello ha tomado medidas concretas en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en los comedores populares. Tras los allanamientos realizados el pasado lunes, ha dispuesto peritajes en los teléfonos secuestrados durante dichas operaciones. Sin embargo, independientemente de estos peritajes, el magistrado cuenta con capturas de pantalla de chats que podrían ser clave en el caso.
En estos chats, Gustavo Vásquez, uno de los imputados en la causa, instaba a los beneficiarios de planes sociales y comedores a votar por la candidata a jefa de Gobierno, Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). En al menos dos ocasiones, Vásquez incentivó a través de un grupo de Whatsapp a que se emitiera el voto a favor de Biasi, llegando incluso a exigir que se tomaran fotografías durante el acto de sufragio.
Estas evidencias refuerzan las sospechas de presiones indebidas dentro de los comedores y plantean interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral. La acción del juez Casanello apunta a esclarecer estos hechos y determinar eventuales responsabilidades en base a la información recabada durante la investigación.
Los delitos que se encuentran actualmente bajo la lupa en el marco de esta investigación son los de «administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción«.
Según información proporcionada por fuentes judiciales y citada por el medio Noticias Argentinas, se aclararon detalles respecto al supuesto hallazgo de 54 mil dólares durante uno de los allanamientos. Sin embargo, se determinó que dicho hallazgo no ocurrió tal como se había reportado inicialmente. No obstante, durante los allanamientos se logró el secuestro de una cantidad de dólares, aunque aún no se ha especificado con precisión la suma exacta.
Los montos más relevantes fueron encontrados dentro de sobres. Uno de ellos contenía aproximadamente 20 mil dólares, con la inscripción «sucesión», mientras que otro sobre, de menor valor, estaba identificado como «ahorros Polo Obrero», presuntamente provenientes de los comedores populares. Ante estos acontecimientos, el juez a cargo de la causa ha decidido incluir a cinco denunciantes en el programa de protección de testigos. Esta medida se adoptó debido a que los nombres de estos denunciantes ahora son de conocimiento público, ya que las partes involucradas han designado abogados y tienen acceso al expediente judicial.
ZY
