El Gobierno argentino ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, argumentando la imperiosa necesidad de modificar la Ley del Deporte. Sin embargo, este movimiento ha desatado una serie de críticas y cuestionamientos sobre la intervención estatal en decisiones que, tradicionalmente, corresponden a las federaciones deportivas.
Según el DNU, la modificación de la Ley del Deporte no debe interpretarse como una imposición, sino como una ampliación de opciones. No obstante, muchos sostienen que esta es, de hecho, una imposición del Estado, ya que despoja a las federaciones deportivas de la capacidad de tomar decisiones de gran relevancia. La pregunta que surge es: ¿por qué el Gobierno debe forzar cambios en el ámbito deportivo si las entidades o sus afiliados no lo han solicitado?
Una de las principales controversias radica en la violación del artículo 20 de la Ley del Deporte, que establece el reconocimiento de la autonomía de las entidades deportivas.
La nueva normativa elimina este artículo y además cambia el término «asociaciones civiles sin fines de lucro» por «organizaciones deportivas» o «integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física».
Adicionalmente, el DNU 70/2023 levanta la prohibición vigente de que los clubes sean sociedades anónimas y obliga a las entidades deportivas a modificar sus estatutos. Estos dos puntos han sido suspendidos por la Justicia, generando un escenario de incertidumbre sobre el futuro de las instituciones deportivas en el país.
Otro aspecto polémico del decreto es la equiparación de beneficios entre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y las asociaciones sin fines de lucro. Esto implica que las SAD podrán disfrutar de reducciones en los aportes patronales, entre otros privilegios, con el respaldo financiero del Estado. Este enfoque ha generado críticas contundentes, especialmente en un momento en el que el Gobierno insiste en su carencia de recursos financieros.
Más allá de la conveniencia o no de adoptar las Sociedades Anónimas Deportivas, surge la pregunta sobre la necesidad y urgencia de estas disposiciones para justificar su inclusión en un DNU. Con el Congreso en condiciones de sesionar y tratar leyes, algunos argumentan que estas medidas son inconstitucionales al no haber causas de fuerza mayor que justifiquen su implementación de forma urgente. Además, se plantea la posibilidad de que esta intervención del Gobierno en el deporte argentino tenga repercusiones negativas a nivel internacional, generando sanciones que podrían afectar la reputación del país en el ámbito deportivo global.
El impacto internacional y consecuencias para el deporte argentino
La resistencia de los clubes argentinos, expresada en la asamblea del 23 de noviembre que ratificó por unanimidad el rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), se encuentra respaldada por el marco legal vigente en las entidades deportivas más importantes del país, como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Argentina de Deportes (CAD).
En este contexto, la violación de estos estatutos por parte del Gobierno argentino podría tener consecuencias graves a nivel internacional. Tanto la FIFA como la CONMEBOL, en sus estatutos y regulaciones, exigen la independencia y autonomía de las asociaciones deportivas, prohibiendo cualquier injerencia externa, especialmente de carácter político.
La reciente situación en Brasil demuestra que no es una exageración considerar la posibilidad de que Argentina sea suspendida o expulsada de estas organizaciones internacionales. La Corte Suprema de Brasil restituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y la FIFA y la CONMEBOL advirtieron sobre la descalificación de las selecciones y clubes brasileños si no se revertía la decisión judicial.
En el caso argentino, la intervención estatal podría llevar a sanciones similares, afectando la participación de las selecciones, clubes y atletas argentinos en competiciones de renombre como la Copa América, el Mundial, la Copa Libertadores, Sudamericana, los Juegos Olímpicos, y diversas competiciones deportivas a nivel internacional.
Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina del Deporte (CAD), destaca que la intervención del Gobierno argentino en las decisiones deportivas podría llevar a situaciones extremas, como la determinación de que los atletas argentinos compitan bajo una bandera blanca, sin menciones a su país ni a sus símbolos, similar a lo que ocurrió con Rusia en ciertos eventos deportivos.
Además, Paverini resalta que las federaciones internacionales no están dispuestas a tolerar la intromisión estatal, ya que esto sentaría un precedente peligroso para otros países. Las consecuencias podrían extenderse más allá del ámbito deportivo, afectando la reputación internacional de Argentina y generando tensiones diplomáticas.
En resumen, el conflicto entre el Gobierno argentino y las entidades deportivas nacionales podría desencadenar una serie de eventos que pongan en riesgo la participación y representación del país en competiciones internacionales, generando un escenario crítico para el deporte argentino a nivel global. La incertidumbre persiste mientras se espera una resolución legal definitiva y se evalúan las posibles repercusiones a nivel internacional.
