El caso del “Vacunatorio VIP» vuelve a acaparar titulares con la reciente decisión judicial de procesar al ex ministro de Salud, Ginés González García. Esto involucró también a otros funcionarios por peculado de bienes y abuso de autoridad. El escándalo estalló a inicios de 2021 en medio de la pandemia de Covid-19. Marcó un punto de inflexión en la administración de Alberto Fernández y sacudió a la opinión pública. Según la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, se ordenó además el embargo de bienes por 130 millones de pesos.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
El foco de la investigación estuvo en el funcionamiento de un vacunatorio paralelo en el Ministerio de Salud. Se desviaron dosis asignadas al Hospital Posadas para vacunar a personas que no cumplían con los criterios establecidos por la Resolución MSAL N° 2883/2020. La jueza Capuchetti subrayó que ninguno de los beneficiados cumplía con las categorías de «Personal de Salud» o «Personal Estratégico» necesarias para recibir la vacuna en ese momento.
Entre los vacunados privilegiados se encuentran figuras destacadas. Como el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el periodista Horacio Verbitsky y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés. La causa también involucra a Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García, Alberto Alejandro Maceira, director del Hospital Posadas, y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva de dicho hospital. A otros implicados, como las médicas Lucrecia Silvia Raffo y Silvia Cristina Bacigalupo, se les dictó falta de mérito.
La jueza también destacó la naturaleza de la vacuna como un bien del Estado. En el contexto de la pandemia, tenía un valor especial y debía ser protegido por la ley penal. Según la fiscalía, los actos de vacunación irregular constituyeron una desviación de recursos destinados exclusivamente para el personal sanitario y estratégico.
Funcionarios corruptos y ciudadanos vulnerables
El escándalo del Vacunatorio VIP salió a la luz cuando Horacio Verbitsky reveló en un programa de radio cómo había sido vacunado en el Ministerio de Salud tras una llamada de González García. La revelación desencadenó una serie de investigaciones y declaraciones. De esta forma, se puso en evidencia una red de favoritismo en la administración de las vacunas, que afectó a figuras cercanas al presidente y altos funcionarios del gobierno.
El archivo parcial del caso en 2021 por la jueza Capuchetti generó controversia. Sostuvo que no existía un tipo penal específico para criminalizar la conducta de los funcionarios que otorgaron tratos especiales en la vacunación. Sin embargo, la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación. Se argumentó que las vacunas eran un bien escaso que debía ser administrado con equidad, cuestionando por qué ciertos individuos fueron favorecidos mientras otros en igual condición no lo fueron.
El fallo más reciente reafirma la responsabilidad de los funcionarios implicados y apunta a esclarecer cómo y por qué se permitió la vacunación irregular. La decisión de procesar a González García y otros funcionarios busca dar una respuesta a la sociedad que, en momentos de angustia y necesidad, vio cómo algunos se beneficiaban injustamente con recursos destinados a los más vulnerables.
