El juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido de la UNMA contra el Ministerio de Capital Humano, que incluye a la Secretaría de Educación. La universidad había solicitado el cese de la retención de fondos educativos y la transferencia de 556 millones de pesos.
En febrero, el gobierno de Milei decidió suspender la apertura y revisar las cinco universidades creadas por el Parlamento durante la gestión anterior, entre ellas, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Esta medida se enmarcó en los recortes de gastos para recuperar el equilibrio fiscal.
Los argumentos del tribunal
El tribunal determinó que no existían circunstancias excepcionales para acceder al reclamo de la UNMA, ya que sus afirmaciones no eran suficientes. Según el tribunal, no se vislumbraba la supuesta arbitrariedad denunciada por la universidad.
Además, el Estado cuestionó la legitimidad de la rectora Cristina Caamaño Iglesias Paiz. Su designación en 2023 por una resolución del entonces Ministerio de Educación quedó sin efecto por otra emitida este año por el Ministerio de Capital Humano. El gobierno también denunció que el acta de marzo, que registraba los comicios de asamblea para la designación de la rectora, carecía de validez al no contar con la aprobación pertinente según la Ley de Educación Superior y el Decreto Nº 176/96.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que «la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no tiene autorizada su puesta en marcha«. Según la cartera, la universidad debe canalizar su reclamo patrimonial por otra vía, ya que no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable.
Reacciones y perspectivas
Cristina Caamaño Iglesias Paiz, rectora de la UNMA, expresó su preocupación por la situación. «La retención de fondos afecta directamente a nuestra comunidad educativa y pone en riesgo proyectos fundamentales para la promoción de los derechos humanos«, afirmó.
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Por su parte, representantes del Ministerio de Capital Humano sostuvieron que las medidas adoptadas responden a la necesidad de equilibrar las finanzas públicas y asegurar la sostenibilidad del sistema educativo. «El gobierno debe priorizar la eficiencia en la asignación de recursos, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias«, indicaron fuentes del ministerio.
Un comentario
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