En un giro dramático, los presos de alto perfil alojados en el módulo VI, pabellón C, del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza han iniciado una huelga de hambre que ya lleva casi dos semanas. La medida de protesta en el Penal surge como respuesta al nuevo sistema de detención aplicado a los reclusos de alto perfil, que ha sido calificado como “inhumano” y una violación de los derechos humanos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha desoído las demandas de los detenidos. Argumentó que este sistema es parte de un plan para reducir el poder y los privilegios de los narcoterroristas. “Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden ‘abrazar a sus seres queridos’”, ironizó la funcionaria.
Las demandas de los reclusos
El abogado Fabio Galante, a cargo de la defensa de varios reclusos que se sumaron a la huelga de hambre, ha presentado un habeas corpus ante el Juzgado Federal de turno en Lomas de Zamora. Según Galante, los detenidos solo pueden hablar con sus abogados una vez al día y con sus familiares directos una vez a la semana. Además, están encerrados 20 horas al día, y los menores de edad y las mujeres embarazadas solo pueden comunicarse con sus padres y maridos a través de un vidrio y un teléfono.
Uno de los detenidos del Penal de Ezeiza expresó: “Es inhumano porque no nos permiten abrazar a nuestras mujeres e hijos, nos robaron todas nuestras pertenencias. No soportamos cumplir condena en estas condiciones”. Galante también señaló que la situación es inconstitucional y que se están violando los derechos humanos de estas personas.
“Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que no los dejan tener contacto con la Iglesia Católica ni con la Evangélica… No pueden tener una biblia, no pueden buscar la fe”, criticó el abogado
La respuesta de Patricia Bullrich
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se ha implementado el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo. Esta herramienta tiene como objetivo aislar a los reclusos de la población carcelaria común y eliminar los beneficios a los que antes accedían. Esta medida significa un golpe directo para los presos de alto perfil.
A pesar de la controversia, el Ministerio de Seguridad no ha aflojado los estrictos protocolos a los que están sometidos alrededor de 150 detenidos distribuidos entre el penal de Ezeiza, el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y la Unidad N° 6 de Rawson. La ministra Bullrich ha defendido la medida como parte de su compromiso de enfrentar a las mafias y restaurar la paz en Argentina. Sin embargo, aún no se han publicado estadísticas oficiales que evalúen los efectos del programa tanto en la sociedad como en los reclusos.
