La posible prisión domiciliaria de Cristina Kirchner generó un nuevo foco de tensión judicial y política. Este martes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron formalmente en contra del pedido presentado por su defensa ante el Tribunal Oral Federal 2. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un escrito donde alertó sobre el posible impacto social y urbano que tendría esa decisión.
Luciani y Mola afirmaron que no hay argumentos médicos ni humanitarios que justifiquen la prisión domiciliaria. Subrayaron que la ex vicepresidenta tiene 72 años, pero que su estado de salud no presenta complicaciones relevantes. También rechazaron que el atentado sufrido en 2022 implique riesgos incontrolables, argumentando que el sistema penitenciario puede garantizar su seguridad.
Por su parte, el Gobierno porteño expresó preocupación por las consecuencias que podría tener la medida si se concreta en el departamento ubicado en San José 1.111, en el barrio de Constitución. Sostuvo que ese domicilio generaría dificultades para controlar la situación y podría provocar alteraciones del orden público. Además, solicitó coordinación anticipada en caso de que se otorgue el beneficio.
Ambos dictámenes coinciden en advertir sobre la necesidad de un control riguroso en caso de avanzar con el arresto domiciliario. Los fiscales remarcaron que, de aprobarse, Cristina Kirchner debería portar una tobillera electrónica. También cuestionaron la viabilidad técnica y logística del domicilio propuesto. Señalaron antecedentes similares, como el de Ricardo Jaime, a quien se le negó ese beneficio a pesar de tener más de 70 años.
La Justicia aún no resolvió si hará lugar al pedido. El Tribunal podría notificar hoy mismo su decisión, de forma presencial o virtual. Mientras tanto, sectores del peronismo convocan a una marcha masiva desde la casa de Cristina Kirchner hasta los tribunales de Comodoro Py. El operativo de seguridad está en evaluación.
En medio de la tensión judicial y política por Cristina Kirchner, la Ciudad y los fiscales coinciden en un punto: si se autoriza la prisión domiciliaria, será bajo condiciones estrictas. La decisión final marcará un nuevo capítulo en la causa Vialidad y volverá a poner en primer plano las consecuencias políticas y judiciales del caso.
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