En un contexto de tensión salarial, los docentes agrupados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) han alzado su voz contra las declaraciones del gobernador Martín Llaryora. Acusan al mandatario de tergiversar la realidad salarial y minimizar las condiciones de infraestructura y seguridad en las escuelas.
El conflicto se agravó cuando Llaryora solicitó una conciliación obligatoria para evitar el plan de lucha propuesto por los educadores. El gobernador vinculó el rechazo de la UEPC a las propuestas salariales anteriores con “cuestiones internas propias de una disputa del gremio tomado por sectores políticos de izquierda”.
La postura de los dirigentes
Según la UEPC, más del 75% de las escuelas de la provincia rechazaron la oferta salarial gubernamental. La Asamblea Provincial votó a favor de un paro de 48 horas tras el receso invernal. Franco Boczkowski, delegado de la Capital, afirmó que “el gobierno está obligado a mejorar la propuesta que deberá ser debatida y aceptada por los docentes”. La oferta actual ha sido rechazada por 11 departamentos, que representan al 75% de los docentes, considerándola insuficiente. “Lo que dice Llaryora no se condice con la realidad”, agregó Boczkowski, subrayando la pérdida de poder adquisitivo.
Graciela Güell, secretaria adjunta de UEPC Capital, enfatizó que el conflicto radica en los “sueldos de hambre e indigencia” que perciben los docentes. La propuesta gubernamental fue categóricamente rechazada en la asamblea provincial, donde 134 delegados departamentales, incluyendo 21 de la Capital, expresaron su descontento. Güell desestimó la narrativa del gobernador, afirmando que “no es la izquierda, es la docencia que rechaza la propuesta de hambre”.
Llaryora busca un consenso
Llaryora sugirió que sectores políticos de izquierda dentro del gremio de docentes promovían el paro previsto para la próxima semana. Aunque algunos departamentos aceptaron la oferta gubernamental, la mayoría de los delegados votaron en contra.
Los docentes reafirmaron su compromiso con el plan de lucha, destacando la necesidad de un salario digno y mejores condiciones para enseñar y aprender. La convocatoria a una conferencia de prensa busca exponer lo que consideran las “mentiras del gobierno” y ratificar el rechazo masivo a la oferta salarial actual.
Por su parte, Llaryora planea solicitar una conciliación obligatoria a la Secretaría de Trabajo para evitar el paro y permitir el reinicio normal del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, los docentes advierten que no acatar esta medida sería “ilegal”, y mantienen su postura firme.
