La vicepresidente Victoria Villarruel ha expresado su satisfacción ante la decisión del ministro de Justicia de revisar las indemnizaciones otorgadas a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Esta medida de Mariano Cúneo Libarona surge tras la detección de irregularidades en los procesos de tramitación y pago de dichas compensaciones.
Uso político de las compensaciones
En una declaración pública, la vicepresidente ha reiterado su postura previamente anunciada en campaña. Villarruel hizo referencia sobre la necesidad de auditar las indemnizaciones millonarias entregadas en nombre de los derechos humanos. Considera que estas auditorías son esenciales para desentrañar el uso político de las compensaciones por parte de ciertos sectores.
El gobierno ha iniciado una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas bajo las Leyes de Reparación Patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado. Estas leyes se crearon para compensar a las personas que sufrieron crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. El cual fue un período marcado por la desaparición y tortura de ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Casos de defraudación y falsificación
La revisión de las indemnizaciones se basa en la causa judicial “Martínez Moreira, Adrián» y otros, que involucran delitos de defraudación y falsificación de documentos públicos. El Ministerio de Justicia aseguró que este no representa un caso aislado. Por lo tanto, se tomarán medidas para evitar el pago de beneficios indebidos y recuperar los fondos defraudados.
Las compensaciones económicas y pensiones, que hasta ahora ha otorgado el Estado a las víctimas de la dictadura, están reguladas por seis leyes nacionales. Sin embargo, el gobierno actual sostiene que algunos de estos pagos podrían haberse basado en documentación falsa, lo que pone en duda la legitimidad de numerosos fallos judiciales.
Esta resolución no solo busca corregir posibles injusticias sino que también refleja una iniciativa defendida por Villarruel antes de su elección como vicepresidente. La medida ha generado un amplio debate en la sociedad argentina, donde se entrecruzan la búsqueda de justicia para las víctimas y la preocupación por la integridad del sistema de derechos humanos.
