El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos que culminaron con la incautación de aproximadamente 3.500 kilogramos de alimentos vencidos. Estos productos, que incluyen leche en polvo, puré de tomate, harina de trigo y lentejas, fueron encontrados en depósitos del Movimiento Teresa Rodríguez en Florencio Varela.
Durante los operativos, se detuvo a una persona por portación ilegal de arma de fuego. La Prefectura Naval Argentina, a través del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos, lideró los procedimientos, que tuvieron lugar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche del día de ayer.
Dirigentes implicados
La causa involucra a más de 50 dirigentes de diversas organizaciones sociales y piqueteras, entre las que se destacan el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Mariano Ferreyra, Frente Federal de los Pueblos y CTD-Aníbal Verón.
Los allanamientos se realizaron en el marco de 44 causas que investigan posibles delitos de coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública. Estas investigaciones surgieron a partir de más de 70 denuncias recibidas a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad, habilitada para que las víctimas de extorsión y presiones por parte de punteros y piqueteros puedan denunciar.
En el depósito de Florencio Varela se encontraron más de 100.000 unidades de alimentos no vencidos, además de los productos en mal estado. Los efectivos también incautaron $500.000, un revólver calibre 22, una réplica de pistola 9 mm, 47 equipos informáticos y documentos contables que podrían ser clave para la causa.
Condiciones deplorables de almacenamiento
Las inspecciones revelaron que los lugares de acopio y almacenamiento no contaban con las condiciones adecuadas, presentando humedad y falta de ventilación. Esto agravó el estado de descomposición de los alimentos. El juzgado federal de Quilmes solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para evaluar la situación y tomar medidas al respecto.
Además, las direcciones de bromatología de las municipalidades involucradas realizarán estudios bromatológicos sobre los alimentos encontrados, a fin de determinar el riesgo que representan para la salud pública.
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Antecedentes y repercusiones
Los operativos y el hallazgo de alimentos vencidos se enmarcan en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y las organizaciones piqueteras. El descubrimiento de estas irregularidades pone en tela de juicio la gestión de los recursos destinados a los sectores más vulnerables y destaca la necesidad de una mayor transparencia y control en la distribución de los mismos.
El caso ha generado un fuerte impacto mediático y social, con repercusiones políticas que podrían influir en la percepción pública sobre la gestión de los programas sociales y la responsabilidad de las organizaciones involucradas. La justicia continuará investigando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, en un proceso que promete ser largo y complejo.
Las autoridades esperan que este caso sirva como un llamado de atención para mejorar los mecanismos de control y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan, evitando que situaciones similares se repitan en el futuro.
