El gobernador Axel Kicillof propone reactivar la Ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires con un proyecto que incluye multas y clausuras para aquellos comerciantes que no cumplan con las normativas. Este intento de regulación, previamente derogado a nivel nacional por el Presidente Javier Milei, busca establecer reglas claras en la exhibición de productos en supermercados para fomentar la competencia justa y proteger a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La ley 27.545, promovida originalmente durante el mandato de Alberto Fernández y eliminada por el decreto DNU 70/24 de Milei, vuelve a escena en Buenos Aires bajo la propuesta de Kicillof. La iniciativa apunta a brindar un espacio en las góndolas físicas y virtuales a las pymes, permitiéndoles competir contra los grandes conglomerados. El objetivo del gobernador es garantizar la venta de productos regionales y mejorar la competencia para beneficio de los consumidores.
«Desde la provincia de Buenos Aires vamos a emplear todos los instrumentos que tengamos a disposición para proteger la producción y el trabajo bonaerense. Hago un llamamiento a ponernos de acuerdo en una política que no está escrita en el Pacto de Mayo: cuidar lo nuestro para defender la industria y el trabajo«.
Declaró Kicillof en el Congreso Productivo Bonaerense.
Detalles del proyecto de ley
La nueva Ley de Góndolas bonaerense, enviada a la Legislatura provincial, busca fortalecer a las pymes y garantizar una competencia igualitaria -no equitativa- con las grandes empresas, y, según el proyecto, mitigar los efectos de la inflación (?).
Al igual que la ley nacional anterior, la iniciativa bonaerense pretende regular la exhibición de productos en las góndolas físicas y virtuales de los supermercados. Se exigirá un mínimo de proveedores pymes bonaerenses en cada góndola y la señalización de estos productos con el isologotipo de “Producción Bonaerense”.
El proyecto también establece límites a los abusos de posición dominante y propone un código de prácticas comerciales de cumplimiento obligatorio. Asimismo, se creará un registro de «Producción Bonaerense» para mantener una base de datos actualizada sobre las pymes de la provincia.
El proyecto de ley contempla sanciones severas para quienes no cumplan con la normativa. Las multas alcanzan el equivalente a mil sueldos de un empleado público, clausuras y la quita de concesiones para los infractores.
«En las últimas décadas se ha evidenciado un proceso de concentración de tipo oligopólico donde grupos reducidos de empresas imponen sus lógicas económicas centradas en la maximización de sus ganancias, excluyendo a potenciales competidores y no respetando los derechos de consumidores».
Se subraya en el texto del proyecto.
Si fracasó con Alberto Fernández a nivel nacional, ¿porqué la insistencia en Provincia?
Si se intenta justificar esto solo con el prejuicio ideológico kirchnerista de fomentar la industria nacional a toda costa sería un análisis pobre. El proyecto lo impulsó originalmente Alfonso Prat Gay en 2016, cuando era Ministro de Hacienda de Mauricio Macri, basándose en una Ley de Góndolas ecuatoriana, menos extrema que lo que sancionó Fernández.
Esta Ley extrema tenía un problema central: Obligaba que los negocios tuvieran un mínimo de 5 proveedores de distintos grupos empresarios, y que las pymes tuvieran un mínimo del 25% del espacio de venta por cada categoría de productos, y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tuvieran al menos un 5% de espacio.
Esto provocaba un desabastecimiento generalizado en áreas donde hay poca competencia de pymes o cooperativas. Además, estas pymes que iban a ser beneficiadas nunca llegaban a clasificar para llevar sus productos a góndolas ni a tener la infraestructura necesaria para crecer productivamente. Esto obligaba a dejar góndolas vacías perdiendo plata, y mantener el gasto que conllevaba financiar grupos de tareas persecutorios a la caza de irregularidades en supermercados de barrio, con la amenaza de multas desproporcionadas.
¿Tropezar dos veces con la misma piedra?
Kicillof fue más a fondo con algunas cuestiones pero aflojó en otras. Ahora la Ley de Góndolas bonaerense alcanza a alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, pero no a los comerciantes más chicos: un local deberá tener 300 m2 de espacio de venta y más de 2 cajas registradoras para quedar comprometido por esta ley.
A parte, establece parámetros de contratos, plazos de pago y restricciones de políticas abusivas por parte de las cadenas de supermercados, para que se acredite el dinero de las ventas en un corto período y evitar estiramientos que perjudican la productividad de los pequeños productores que busca beneficiar.
Los críticos resaltan que el desabastecimiento se repetirá en caso de que no se especifiquen los productos concretos donde se va a aplicar. En rubros donde la provincia es altamente competitiva y concentrada, como el cervecero, resulta un beneficio: AB InBev y CCU dominan el 98% del mercado, y cadenas tienen contratos de exclusividad con estos grupos empresarios, mientras solo en Provincia existen más de 60 fábricas independientes. Por otro lado, si va a alcanzar rubros poco competitivos, aparecen los problemas.
Rosca parlamentaria en la Legislatura de Buenos Aires.
Unión por la Patria necesita mayoría simple para aprobar la ley, y tanto en la Cámara Alta como en la Baja deberán negociar y conceder para que se aplique.
En la Cámara Baja hay siete bloques distintos, y UXP tiene primera minoría con 37 bancas sobre 92. Si la oposición se pone de acuerdo podría bloquear la ley.
En la Cámara Alta, el kirchnerismo tiene 21 votos de 46. Propuesta Republicana tiene 10; la UCR junto con Cambio Federal, 8, y las facciones separadas de Milei 7, en caso de que Carolina Píparo acompañe. Dependerá del nivel de consenso que pueda conseguir Kicillof y las modificaciones que se realicen durante su tratamiento.
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La CAC rechaza la iniciativa
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo al proyecto de Ley de Góndolas bonaerense, argumentando que perjudicará a empresas y consumidores. La CAC sostiene que, aunque comparte algunos de los objetivos del proyecto, como evitar prácticas distorsivas y promover el crecimiento de las pymes, considera que la herramienta propuesta es incorrecta y contraproducente.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifiesta su rechazo al proyecto de Ley de Góndolas recientemente ingresado al Senado dela provincia de Buenos Aires, que, en caso de ser aprobado, perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final.
Desde hace casi 100 años la CAC promueve los principios de iniciativa privada y libertad económica, en el convencimiento de que son esos los valores que generan el progreso, tal como lo deja en claro la experiencia internacional y la propia historia argentina.
En esta línea, meses atrás celebró la derogación de la Ley de Góndolas a nivel nacional; y ahora observa con franca preocupación el proyecto bonaerense. La Entidad coincide con diversos objetivos planteados en la iniciativa –como evitar prácticas distorsivas, promover el crecimiento de las pymes o alcanzar precios competitivos–, pero considera que la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente: la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores.
Vale agregar que la CAC entiende que el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional: si bien no es un derecho absoluto, resulta abusivo que mediante una ley se impongan condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo.
Nuestro país tiene un largo historial en políticas que, amparadas en fines loables, acaban por generar un severo daño. Las omnipresentes y excesivas regulaciones que se han ido estableciendo en Argentina –algunas con una complejidad tal que las hace virtualmente impracticables– representan un severo lastre para las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas, que limita sus posibilidades de crecimiento y, en no pocos casos, acaba por poner en riesgo su viabilidad.
Huelga decir que lo anterior tiene un correlato adverso en el campo laboral, como así también en los indicadores sociales: sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra.
