El gobierno de Javier Milei ha comenzado a traspasar la responsabilidad de la ejecución de importantes proyectos de infraestructura, financiados por organismos internacionales, a las provincias. Actualmente, se encuentran en marcha 77 obras de este tipo, que suman un valor de $122.716 millones. Estos proyectos son esenciales para el desarrollo del país, pero también representan un compromiso financiero en forma de deuda, aunque de bajo costo. Ante esta situación, el Ejecutivo ha iniciado negociaciones para que las provincias asuman la responsabilidad de continuar con estos proyectos. De esta manera, se liberaría al gobierno nacional de las obligaciones financieras ante los organismos de crédito.
Responsabilidad por financiamiento externo
La cláusula clave en estos acuerdos establece que las provincias que acepten la transferencia de las obras deberán asumir tanto la ejecución del proyecto como la responsabilidad del crédito asociado, sin que esto genere ninguna responsabilidad para la Nación. Esta medida ha puesto bajo la lupa los proyectos más costosos. Particularmente aquellos vinculados al Plan Belgrano, que se encuentran en provincias como Catamarca, Corrientes, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. En caso de que estas provincias decidan hacerse cargo de las obras, deberán asumir también la obligación de financiar su finalización.
Los proyectos en cuestión son financiados por una variedad de organismos internacionales. Entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otros. En total, estas obras representan una inversión de más de $122.716 millones. Están repartidas en 77 proyectos que incluyen obras hídricas, de saneamiento, educativas y de infraestructura social.
Dificultades de acuerdo con las provincias
Hasta el momento, el Ejecutivo ha firmado acuerdos de traspaso con 20 provincias. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, que es la que más proyectos de financiamiento externo tiene en ejecución, no está incluida en esta lista. Esto resulta llamativo, dado que, según el Mapa de Inversiones del gobierno, Buenos Aires concentra 18 de las 77 obras financiadas por organismos internacionales. A pesar de estas omisiones, el gobierno sigue adelante con la transferencia de proyectos. Aunque todavía queda pendiente la aprobación de todo el marco legal necesario para completar el proceso.
El martes, se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Economía que asigna a varias áreas del gobierno la responsabilidad de coordinar y ejecutar estos proyectos con financiamiento externo. La Secretaría de Obras Públicas, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y otras entidades serán las encargadas de licitar, adjudicar y ejecutar las obras. Además, estas áreas tienen la facultad de suscribir convenios con las provincias, municipios y otras entidades para asegurar la correcta ejecución de los programas.
El futuro de estos proyectos dependerá en gran medida de las decisiones del gobierno nacional y de las provincias que decidan asumir su responsabilidad. Mientras sigan bajo la órbita del Ejecutivo, estos proyectos representarán un compromiso financiero que la gestión nacional deberá afrontar, ya sea continuando con su ejecución o transfiriendo su responsabilidad a las provincias que estén dispuestas a hacerlo.
