En un nuevo intento por reducir el gasto público, el gobierno nacional anunció la baja de los contratos de los empleados públicos que ingresaron este año. También planteó la revisión de la situación de los que están en funciones desde antes de 2023. La medida afecta a cerca de 7000 trabajadores de distintas áreas y entes del Estado, con algunas excepciones.
Medida anticipada
Uno de los primeros días de importancia para la comunicación del nuevo gobierno fue cuando el ministro de Economía anunció las primeras medidas económicas para el país. Caputo aprovechó el momento para anticipar algunos de los próximos movimientos de la gestión.
«No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia, una práctica habitual en política está en incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato» – expresó Caputo
Además, el vocero presidencial informó en la misma fecha que la revisión de los contratos de empleados públicos ya había comenzado. Por lo tanto, queda demostrado el interés del gobierno de Milei en garantizar que aquellos que se encuentran en situación laboral dependiente del Estado trabajen y no sean meros “empleados militantes”.
«Se inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado nacional del último año. Todos están bajo revisión y todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando tendrá la sanción correspondiente» – aseguró Adorni
El DNU de hoy
El Presidente Javier Milei lanzó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prevé la situación de los empleados públicos. Lo principal que establece el decreto es la no renovación de los contratos de los trabajadores estatales que ingresaron a lo largo del corriente año. Para efectuar esta medida debe hacer hincapié en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
La decisión fue oficializada este martes por la madrugada a través del DNU 84/2023, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y publicado en el Boletín Oficial. El texto abarca a los empleados transitorios y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023. Se ven involucrados trabajadores de toda la administración nacional y entes públicos, incluyendo organismos como la ANSES, el PAMI y la AFIP.
“Establécese que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, no serán renovadas.” – Decreto 84/2023
Recorte del Estado
Según el gobierno, la medida se enmarca en el plan de ajuste que inició Milei al asumir la presidencia. Uno de los primeros pasos fue modificar la ley de Ministerios, reduciendo el número de carteras a nueve, con la finalidad de racionalizar recursos. La normativa vigente establece que los contratos de los empleados estatales duran 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso. Por lo tanto, se encuentran próximos a vencer.
Los excluidos de la regla
El DNU prevé algunas excepciones para los trabajadores que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales, los que derivan de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, y los que hayan estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y hayan cambiado su modalidad. Asimismo, se permitirá la renovación de aquellos que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulten indispensables para el funcionamiento de la misma, aunque de manera restrictiva y argumentada.
«En el caso de que las autoridades decidan renovar esos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación»– DNU 84/2023
Revisiones obligatorias
El decreto también dispone que las autoridades de cada área del Estado Nacional deberán realizar un relevamiento exhaustivo de los empleados cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar su continuidad. En todos los casos, si se opta por renovar la contratación, se deberá fundar la decisión, demostrando la necesidad de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse por un periodo mayor a 90 días corridos.
Prohibidas las nuevas contrataciones
Por otra parte, el gobierno de Milei prorrogó la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado que había establecido el año pasado Alberto Fernández. Esto se comunicó mediante el Decreto 77/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial. La medida, que regía hasta diciembre de este año, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2024, con algunas excepciones para cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones si se tratan de razones debidamente fundamentadas y acreditadas por la autoridad superior de la jurisdicción o entidad requirente.
Los sindicatos en alerta
Las organizaciones sociales y gremios se demostraron activamente en contra de las medidas de Milei. A lo largo de estos días jugó un rol esencial el Protocolo “Antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El gobierno se encuentra en un constante “tire y afloje” para que las manifestaciones no interfieran en la libre circulación de los ciudadanos. Sin embargo, el hecho de optar por medidas de shock no puede pasar desapercibido.
«La Argentina no da para tocar ningún empleo. Se podrán reubicar, pero no perder la fuente de trabajo. Vamos a defender el empleo como corresponde» – afirmó Andrés Rodríguez de UPCN
Desde ATE ya emitieron su crítica a las medidas de gobierno y convocaron a una manifestación para mañana. Mencionaron que «intensificarán el plan de lucha» y consideran que los decretos del presidente son una agresión para los trabajadores públicos.
Un Decreto como el 84/2023, que involucra un sector que desde hace tiempo entra en debate en nuestro país, será movilizante. Las reformas de Milei se enfocan en cada detalle del Estado y el Plan Motosierra es una realidad.
