En un giro significativo, el gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de poner fin al millonario Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Durante los años de Alberto Fernández esto estuvo bajo la administración de una dirigente cercana a Juan Grabois. El FISU tenía como objetivo financiar proyectos en los barrios vulnerables inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Sin embargo, ahora dará paso a un nuevo esquema de obras en las zonas más postergadas.
La polémica con Grabois
El FISU fue creado mediante el decreto 819/2019 y se nutrió de millonarios ingresos provenientes del Impuesto País y el Impuesto a la Riqueza durante la gestión anterior. Estos fondos se canalizaban a través de un fondo fiduciario administrado por el Bice. Desde la Secretaría de Integración Socio Urbana, liderada por Fernanda Miño (cercana a Grabois), se aprobaban proyectos de urbanización en los barrios populares.
El cambio implica que la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), ahora dirigida por Sebastián Pareja, tendrá su propio presupuesto y recibirá los fondos directamente del Tesoro Nacional. Esta decisión surge en medio de supuestas tensiones dentro del gobierno debido a una auditoría que señaló irregularidades en el fondo fiduciario. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, habría considerado estas advertencias “lapidarias”, Pareja niega cualquier delito o desvío de fondos durante la gestión de Miño.
Reestructuración financiera
Actualmente, el FISU recibe mensualmente el 1% de lo recaudado por el impuesto PAÍS. A principios de 2024, la administración de Milei ya había decidido reducir drásticamente la cantidad total de fondos provenientes de este impuesto, pasando del 30% al 1%. La propuesta es promover la inversión privada para financiar las próximas obras en los barrios populares.
La eliminación del FISU también se relaciona con los planes del gobierno de eliminar el Impuesto PAÍS a fin de año, que actualmente es la única fuente de financiamiento para este fondo. Se espera que se establezca un plan de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y se busque financiamiento en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de los ingresos reducidos, la gestión de Milei tiene como objetivo finalizar los 721 proyectos actualmente en ejecución, de los cuales 365 están en un avance físico inferior al 40%. Aunque el presupuesto es limitado, se espera que estas obras se completen en un plazo no menor a un año y medio. La tarea no será sencilla, ya que muchos de los presupuestos originales se planificaron en 2023, lo que requerirá ajustes y redeterminaciones de precios.
