Manuel Adorni, anunció que el gobierno hará una auditoría en los planes sociales con el fin de detectar irregularidades y “transparentar” su asignación. La medida se da en el marco de la investigación del fiscal Guillermo Marijuán, que reveló que miles de personas cobran el plan Potenciar Trabajo de forma ilegítima.
Se trata de 160 mil planes que equivalen a “10 mil millones de pesos mensuales que los argentinos no tienen por qué hacerse cargo”, en palabras del vocero presidencial. Asimismo, señaló que el gobierno colaborará con la Justicia para esclarecer los hechos y a continuación, implementará los cambios necesarios en la asignación del plan.
El informe de la AFIP
El fiscal Guillermo Marijuán fue el encargado de iniciar la investigación preliminar sobre el otorgamiento de beneficios del plan Potenciar Trabajo. Lo hizo luego de que se conociera un informe de la AFIP que señalaba incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y las condiciones impositivas de más de 250.000 beneficiarios. Además, existía una denuncia del diputado de Cambiemos Waldo Wolff, que investiga el fiscal Eduardo Taiano, en una causa que instruye el juez Julián Ercolini.
En el marco de esta investigación, declararon como testigos el ex titular de la AFIP, Castagneto y el ex jefe de gabinete, Manzur. Además de otros funcionarios y personal del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que se encarga de verificar si quienes solicitan la ayuda social cumplen con los requisitos. El informe de la AFIP fue en respuesta al pedido del exministro Juan Zabaleta, que inició las auditorías sobre Potenciar Trabajo.
El fiscal Marijuán pidió la suspensión del cobro de los planes por parte de quienes presentaran indicios de no estar en situación de vulnerabilidad económica. Esto implicaba haber comprado dólares, tener jubilaciones, pensiones u otros ingresos, pertenecer a la categoría C del monotributo, tener un automotor de menos de un año de antigüedad, ser propietarios de más de un inmueble, haber presentado declaración jurada de Bienes Personales o registrar gastos con tarjeta de crédito o débito mayor a dos veces el salario mínimo vital y móvil.
Según Castagneto, la AFIP solo brinda información técnica basada en las bases de datos que posee y respeta el secreto fiscal, sin emitir opinión. Sin embargo, el informe causó un gran revuelo político y judicial. El fiscal Marijuán dijo que no se tomaron las medidas necesarias para dar de baja a los planes que estaban mal concedidos. Desde el Ministerio de Capital Humano, que conducía Tolosa Paz, cuestionaron la veracidad y la validez del informe y lo calificaron de “estigmatizante”.
La denuncia sobre los beneficiarios ilegales
La investigación de Marijuán detectó que casi 160 mil personas que reciben el plan Potenciar Trabajo realizaron viajes al exterior, muchos de ellos en reiteradas ocasiones. El fiscal pidió información a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires sobre los beneficiarios del programa y realizó un entrecruzamiento de datos con la nómina de los empleados públicos.
“La fiscalía calculó que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima, pues tenían consumos que no tenían concordancia, por ejemplo viajes al exterior” – informó el vocero presidencial
Como resultado de esta pesquisa, el fiscal encontró que 8535 personas que cobran el plan Potenciar Trabajo tienen algún vínculo laboral con el Estado. Este estado es incompatible con el requisito de estar en situación de vulnerabilidad económica. Esta cantidad de beneficiarios ilegales representa $7.5 mil millones anuales. Las provincias investigadas al respecto hasta el momento son: Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El fiscal Marijuán presentó una denuncia penal contra los eventuales responsables de controlar la adjudicación de los planes sociales. Las causas implicadas fueron los delitos de violación de los deberes de funcionario público y defraudación. La denuncia fue dirigida a la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al dirigente del Movimiento Evita y ex secretario de Economía Social, Emilio Pérsico.
Además, Marijuán dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción para que profundicen la investigación. A partir de ello, podrán determinar las responsabilidades individuales de los beneficiarios y los funcionarios involucrados.
La postura del ministro de Economía
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que una de las primeras medidas económicas del gobierno es congelar el monto del plan Potenciar Trabajo. El funcionario explicó que la decisión busca “racionalizar el gasto público y evitar el clientelismo político”.
El monto del plan Potenciar Trabajo es equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es de $156.000. Caputo anunció que se mantendría la prestación, pero sin actualización, en base al presupuesto 2023. Entonces, el pago de diciembre, que se cobra el 5 de enero de 2024, será el último con aumento.
Además, la gestión nacional trabaja en el fortalecimiento de las políticas sociales evitando los intermediarios. Las organizaciones sociales en ocasiones utilizan este mecanismo para forzar a los beneficiarios de los planes a asistir a los piquetes.
La decisión del Ministerio de Capital Humano
En tanto, el Ministerio de Capital Humano, como resultado de la investigación del fiscal Marijuán, comunicó que suspende el pago del plan Potenciar Trabajo a 4588 titulares que son empleados públicos.
“8 mil personas además de cobrar el plan tienen alguna relación laboral con alguna de las dependencias del Estado” – mencionó Adorni
También, se confirmó desde el gobierno nacional que se darán de baja 159.919 planes Potenciar Trabajo que se asignaron a personas que viajaron al exterior. Este número representa el 10% del total del padrón de la prestación, lo cual indica un gasto de $12mil millones mensuales.
Ordenando el país
El gobierno de Javier Milei apenas lleva 11 días y ya cumplió varias de sus promesas de campaña. Desde el inicio se hizo hincapié en la necesidad de aplicar medidas de shock para revertir la situación económica, política y social heredada del gobierno de Alberto Fernández.
En cada área de la gestión se hacen efectivas las políticas relacionadas a “devolver el orden” a la Argentina. Desde el Protocolo Antipiquetes en Seguridad, pasando por las medidas de desregulación económica de Luis Caputo, hasta la justa corrección de la asignación de los planes sociales por parte de Sandra Petovello. Estas acciones concretas del gobierno reflejan lo que en su momento también planteó Patricia Bullrich en su campaña electoral bajo el lema “Vamos a poner orden en la calle”.
“Los políticos tenemos la palabra muy devaluada porque durante muchos años la gente percibió que no se solucionaron sus problemas estructurales. Por eso no es importante lo que decimos, sino lo que hacemos.” – señaló Joaquín De La Torre en uno de los actos de Bullrich
