En un movimiento que marca un hito para la industria de la minería, el gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley ante la Legislatura local con el fin de actualizar el Código de Procedimiento Minero. Busca reemplazar las normativas que datan de 1945 y fue introducido por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini. Contó con el respaldo de figuras políticas clave como la vicegobernadora Hebe Casado y los presidentes de ambas cámaras legislativas.
La finalidad del proyecto de ley
La iniciativa propone una serie de reformas con el objetivo de “mejorar los controles, transparentar y agilizar los procedimientos”. Además, se enfoca en incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible. La idea principal es adaptar la actividad minera a las herramientas y necesidades actuales. Según la administración de Cambia Mendoza, es imperativo optimizar la administración de los recursos mineros y modernizar los trámites relacionados con la inscripción o concesión minera.
“Mendoza está capacitada para llevar a cabo la actividad minera de manera sostenible y responsable”, afirmó el gobernador.
Desde Canadá, Alfrejo Cornejo participa en la feria de minería Prospectors & Developers Association of Canada, donde destaca la importancia de la transparencia y la eficiencia en los procedimientos y controles mineros. Contempla, además, la necesidad de un código que responda a las exigencias futuras.
El futuro sostenible de las gestiones
El gobierno de Mendoza resalta la relevancia de la participación comunitaria en el desarrollo minero. El proyecto enfatiza la importancia de involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones, promoviendo un proceso transparente y participativo. Esta medida busca asegurar que el desarrollo de los recursos minerales se realice en armonía con los intereses y el bienestar de la población local.
Conformado por 7 artículos, el proyecto abarca todas las categorías de minería y se alinea con los más altos estándares internacionales. Incluso regula el transporte de la producción minera, asegurando que la actividad no solo sea sostenible en términos de extracción, sino también en su logística. Este esfuerzo legislativo representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible para la provincia de Mendoza y para Argentina en su conjunto.
