Nicolás Posse se convierte en una pieza fundamental en las recientes reformas lideradas por el presidente. Su control sobre las empresas estatales, sumado al papel estratégico en la defensa del DNU, resalta su influencia en la redefinición del panorama político y económico del país. Con la confianza depositada por Javier Milei, emerge como un actor clave en el juego político que marcará el futuro del gobierno argentino.
¿Qué ocurrió con el DNU?
El foco de las transformaciones que busca el gobierno recae en el envío del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 al Congreso, el cual modifica sustancialmente más de 300 leyes, marcando un hito en la agenda legislativa.
El DNU, firmado por Milei el 20 de diciembre, ha despertado la atención de la oposición, que, ante la posibilidad de su eliminación, ha iniciado una estrategia de negociación y alianzas. La Unión por la Patria busca sondear a la UCR para construir una mayoría que permita revertir el decreto en ambas cámaras. Posse, como jefe de Gabinete, desempeña un papel crucial en este escenario; la rapidez con la que ingresó el DNU al Senado, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley 26.122, refleja la coordinación en su gestión y el motor para que el DNU se acepte. Este proceso, marcado por la constitucionalidad, resalta la importancia de su figura en la defensa de las medidas tomadas por el presidente.
El próximo paso implica el tratamiento en el recinto, donde las dos cámaras deben pronunciarse en contra para anular el decreto. La oposición ha desplegado diálogos estratégicos. La UCR, ha presentado proyectos de ley para analizar detenidamente el contenido del DNU, chocando con la resistencia de Milei y su equipo a modificarlo. La interna en el radicalismo, evidenciada por la solicitud de acelerar la creación de la bicameral, subraya la relevancia de las decisiones que Posse podría tomar en los próximos días.
Poder estratégico en la redefinición de empresas
El presidente ha conferido al jefe de Gabinete un papel preeminente al otorgarle el control absoluto sobre las empresas del Estado. A través del decreto, Milei y Posse han delineado un cambio radical en la gestión de estas entidades, otorgándole al ministro amplios poderes que abarcan desde el nombramiento de directores hasta la definición de gastos y la última palabra en la gestión, el déficit y los aportes del Tesoro.
Este paso estratégico tiene como objetivos fundamentales la reducción del déficit generado por las empresas públicas, estimado entre los 3.500 y los 5.500 millones de dólares anuales, y el impulso de un proceso de privatización, delineado en la ley «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos».
La medida abarca empresas estatales diversas, desde ENARSA, Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, hasta aquellas con participación minoritaria, como las acciones en bolsa que residen en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Entre las empresas incluidas en este nuevo esquema se encuentran las ya mencionadas, además de YPF, AySA, Energía Argentina SA (IEASA, ex Enarsa), entre otras.
En busca de cambios
La elección de Posse para liderar estas tareas subraya la necesidad de contar con alguien en quien el presidente deposite su confianza plena, especialmente considerando la envergadura de las decisiones que se avecinan. En este juego político, Milei comprende la importancia de elegir cuidadosamente las batallas a librar, reconociendo que algunas metas pueden requerir condiciones específicas que hoy podrían ser difíciles de alcanzar.
Este cambio legislativo se suma a un conjunto más amplio de medidas que integran el plan integral del gobierno de Milei. Busca la reducción del Estado, la expansión de la actividad privada y la promoción del libre mercado, al tiempo que delega en Posse la capacidad para tomar decisiones cruciales en la dirección de la economía. La confianza depositada destaca su papel esencial en la implementación de estas transformaciones.
