La diputada nacional del PRO y presidente de la comisión de Derechos Humanos anunció la creación del Registro de Violaciones en Pandemia. Sabrina Ajmechet tiene como objetivo recopilar denuncias y promover la memoria y la justicia para aquellos que fueron afectados por posibles abusos de autoridad durante la cuarentena de COVID-19.
Ajmechet prometió un espacio seguro y receptivo para que las personas compartan sus testimonios sobre la cuarentena. Con este método podrá analizarse el manejo del expresidente Alberto Fernández durante la pandemia. La iniciativa invita a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la emergencia sanitaria a compartir sus experiencias. Serán registradas y sistematizadas para un informe final que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
Reacciones controvertidas
La propuesta de Ajmechet ha generado diversas reacciones entre los miembros del Congreso. El vicepresidente de la comisión, Hugo Yasky (Unión por la Patria), sugirió ampliar la convocatoria a las víctimas de políticas represivas actuales. Mientras tanto, Juan Marino (UP) rechazó la afirmación de Ajmechet sobre la gestión del Frente de Todos. Argumentó recordando a las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante el mandato de Fernando de La Rúa.
En respuesta, el diputado Fernando Iglesias (JxC) destacó que la mayoría de las muertes durante el estallido de 2001, en realidad, ocurrieron en provincias gobernadas por el justicialismo. Iglesias enfatizó la importancia de reconocer las responsabilidades de cada jurisdicción en esos trágicos eventos.
Casos de relevancia mediática
Durante la pandemia, se reportaron varios casos graves de violencia institucional. Incluyendo el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la represión contra la comunidad Qom en Chaco, y la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. Estos incidentes, junto con las condiciones de los centros de aislamiento preventivo en Formosa, han llevado a múltiples demandas judiciales.
La reunión informativa organizada por Ajmechet está programada para el miércoles 24 de abril. Se espera que las personas con denuncias se acerquen para contribuir al registro. Esta iniciativa marca un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de abusos. Especialmente, durante uno de los períodos más desafiantes de la historia reciente de Argentina.
Informes internacionales
Un informe de Amnistía Internacional hace referencia a las preocupaciones en torno a la violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza durante la pandemia de COVID-19 en Argentina. El documento revela que se identificaron más de 30 casos de violencia institucional en todo el país. Además, entre el 20 de marzo y el 4 de mayo, las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en el marco del control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
El relevamiento indica que las detenciones no se distribuyeron de manera uniforme a lo largo del país. La Policía de CABA habría realizado 1.192 detenciones. Mientras tanto, en Santa Fe, Córdoba y Chubut las cifras ascendieron a 21.478, 17.214 y 6.419 respectivamente. Estos números sugieren una aplicación desigual de las medidas de control del ASPO.
Amnistía Internacional ha reconocido la necesidad de adoptar medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria para garantizar el cumplimiento del aislamiento y mitigar la propagación del virus. Sin embargo, la organización enfatiza que el mantenimiento del orden y la seguridad debe ser equilibrado con el respeto y la protección de los derechos humanos, pilares fundamentales de un estado de derecho.
El análisis de la política sanitaria durante la pandemia también ha generado debate. Un estudio de la revista The Lancet señala que Argentina terminó la emergencia con una disminución de la expectativa de vida de 0.8 años y un exceso de mortalidad por COVID de 0.85 por 1.000 habitantes. Estos resultados son inferiores a los promedios globales y de América Latina. Esto indica un desempeño relativamente positivo de Argentina en comparación con otros países. No obstante, los datos sobre las estrictas medidas de control gubernamental durante la cuarentena resaltan la magnitud de la situación y la necesidad de un registro como el propuesto por Ajmechet.
