El Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro ordenó el bloqueo de más de 120 sitios casinos clandestinos con apuestas ilegales y la incautación de más de $250 millones de uno de ellos. La medida, solicitada por el fiscal Alejandro Musso, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, se llevó a cabo con la colaboración de ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).
Estos sitios de apuestas ilegales no contaban con filtros para evitar el acceso de menores de edad, lo que permitía que los niños y adolescentes jugaran sin restricciones. Según una investigación de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), uno de cada dos padres está preocupado por la posibilidad de que sus hijos realicen apuestas online. En consonancia con estas preocupaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había anunciado la suspensión de nuevas licencias para operadores de juego online como parte de las medidas para combatir la ludopatía infantil.
El caso.
Los sitios bloqueados no estaban reglamentados en ninguna de las 24 jurisdicciones de Argentina y carecían de la sigla «bet.ar» en su dominio, la cual es la marca de aprobación de las loterías oficiales del país. Este detalle fue fundamental para detectar su ilegalidad, ya que «bet.ar» forma parte de una zona especial en internet creada por los organismos reguladores de la República Argentina y aprobada por la Secretaría Legal y Técnica de La Nación, a través de la Dirección Nacional del Registro de Dominio de Internet.
Durante la investigación, se descubrió que uno de los casinos clandestinos tenía más de $250 millones. Esta incautación representa un golpe significativo contra las operaciones de juego ilegal, que a menudo funcionan sin regulación y sin contribuir al erario público. Además, el fiscal Musso destacó que estos sitios no identificaban a los jugadores, lo que demuestra un «absoluto desprecio» por parte de los organizadores del juego ilegal hacia las normativas y regulaciones.
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Antecedentes, y futuro negro para la timba ilegal.
El documento presentado por el fiscal Musso argumenta que los sitios clausurados no cumplen con objetivos sociales ni contribuyen al mercado laboral formal. Al operar fuera de la legalidad, no tributan al fisco y crean una competencia desleal con los sitios de apuestas legales que sí están registrados y generan empleos legítimos. Musso subrayó que estos casinos clandestinos «abusan de la permisividad del Estado» para obtener beneficios personales de manera desmedida, sin límites y con efectos perniciosos para la sociedad en su conjunto.
La medida del Juzgado de San Isidro se produce días después de que la Ciudad de Buenos Aires decidiera no habilitar nuevas licencias de apuestas online. Esta acción refleja un esfuerzo coordinado para combatir el juego ilegal y sus consecuencias negativas, tanto desde una perspectiva legal como social. El bloqueo de los 120 sitios clandestinos representa un paso importante en la lucha contra las operaciones de apuestas ilegales, que no solo evaden impuestos, sino que también ponen en riesgo a menores de edad y fomentan la ludopatía.
De igual manera, el garrón más importante (además del de los dueños de los sitios clausurados), se lo llevaron quienes perdieron el acceso al dinero que tenían ingresado en la plataforma ilegal. Esto muestra otro motivo más para fomentar el uso de casinos regulados.
