En un nuevo capítulo de desafíos éticos y legales en la provincia de Mendoza, una denuncia ha sacudido los cimientos del Colegio de Abogados. La presidenta de esta institución se encuentra bajo escrutinio por presunto encubrimiento en perjuicio de los abogados laboralistas locales, en relación con un caso de gravedad sin precedentes.
La acusación apunta a una serie de maniobras que involucran a funcionarios públicos de la Dirección General de Escuelas (DGE). Según revelaciones, estos empleados habrían establecido una supuesta «cooperativa» para inducir siniestros laborales entre los docentes que buscaban asesoramiento en el organismo. Los profesionales de la educación, en búsqueda de orientación legal, terminaban siendo manipulados para iniciar reclamos por accidentes laborales. De esta manera, generan así una supuesta red de lucro ilícito.
Los datos recopilados sugieren que más de 200 casos se habrían gestado bajo esta modalidad, con cifras millonarias percibidas no solo en concepto de honorarios contra ART Provincia, sino también mediante la inusual práctica de cobrar pactos de cuota litis. Estas revelaciones, que datan de 2022, fueron denunciadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación. Estas fueron objeto de una investigación interna que, hasta la fecha, no ha arrojado conclusiones definitivas.
Cómo cae esta denuncia en el poder mendocino
El impacto de esta trama va más allá de la esfera de lo legal y lo ético. La presunta complicidad de altos funcionarios públicos en la creación y ejecución de este esquema fraudulento evidencia una falta de integridad institucional preocupante. Más aún, el encubrimiento por parte de la presidenta del Colegio de Abogados y su supuesta colaboración con el Subsecretario de Justicia para obstruir la investigación, agrava la situación. Lo que hace aún más alarmante este panorama es el perjuicio directo que sufre la comunidad legal de la provincia.
Los abogados laboralistas se ven enfrentados a una competencia desleal generada desde el mismo gobierno provincial. Mientras, la institución que debería proteger sus intereses, el Colegio de Abogados de Mendoza, parece haber optado por el silencio cómplice en lugar de actuar en defensa de sus colegiados. La solicitud de informes al Colegio de Abogados, realizada por el Gobierno provincial en 2023, buscaba esclarecer posibles incompatibilidades entre el ejercicio público de funcionarios y la práctica privada de cooptar clientes desde sus cargos. Sin embargo, este pedido fue supuestamente obstruido desde dentro del propio colegio. Así se impidió así el avance de una investigación crucial para la transparencia y la justicia.
Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad de las instituciones involucradas, sino que también plantea serias interrogantes sobre el sistema de justicia y la ética profesional en la provincia de Mendoza. Los abogados laboralistas, en particular, se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a estas prácticas, que no solo menoscaban sus derechos, sino que también socavan la confianza en el sistema legal en su conjunto.
