Solicitan imputación de funcionarios en el Consejo de la Magistratura de Mendoza

En medio de una trama judicial que parece no tener fin, la causa por irregularidades en el Consejo de la Magistratura de Mendoza suma nuevos capítulos. En esta ocasión, se ha solicitado al fiscal a cargo, Juan Ticheli, que investigue e impute al subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, al diputado provincial José Luis Ramón y a la Ministra de la Corte Teresa Day.

La denuncia, iniciada en agosto del año pasado, se centra en la presunta cooptación del Consejo de la Magistratura por parte del gobernador Alfredo Cornejo, a través de D’Agostino, su operador en el ámbito judicial. Todo ello con el objetivo de influir en los nombramientos de jueces y fiscales en materia penal.

Uno de los puntos clave de la investigación gira en torno a la remoción de una comisión del Consejo de la Magistratura de Mendoza, el 4 de julio de 2023, bajo supuestos incumplimientos del reglamento. Sin embargo, la auto incriminación del diputado Ramón, al presentar un expediente en la legislatura que prueba la falta de fundamentos para dicha remoción, ha puesto en tela de juicio la legalidad de la acción.

Según revelaciones surgidas en la causa, los consejeros de la Magistratura vinculados al oficialismo admitieron haberse reunido previamente con D’Agostino y Day para tratar la remoción de la comisión, lo que sugiere un conocimiento anticipado de la medida. Además, se ha evidenciado la presunta entrega de contratos a cambio de votos favorables en los concursos para cargos judiciales en ciertas localidades de la provincia.

Cómo sigue la causa

Los delitos que se imputarían a los funcionarios involucrados incluyen falsedad ideológica, negociaciones incompatibles y el incumplimiento de deberes públicos, entre otros.

Esta nueva etapa en la investigación arroja luces sobre la compleja red de intereses políticos y judiciales que envuelve al caso. Sin embargo, el desenlace aún es incierto, y se espera que el accionar de la justicia arroje luz sobre las irregularidades denunciadas.

El poder omnímodo del gobernador Cornejo y su influencia en la procuración de justicia a través del Procurador jefe de los Fiscales Alejandro Gulle ha mantenido el escándalo bajo un manto de discreción. No obstante, los delitos de funcionarios públicos son imprescriptibles, lo que sugiere que este episodio podría tener consecuencias a largo plazo para aquellos involucrados.

La ciudadanía de Mendoza aguarda con expectación los próximos pasos de la justicia y espera que la transparencia y la legalidad prevalezcan en el esclarecimiento de este caso cargado de irregularidades que ha sacudido los cimientos del sistema judicial provincial.