Un pequeño grupo de ex funcionarios argentinos cobra, mes a mes, haberes que están muy por encima de lo que percibe un jubilado común. No se trata de un privilegio informal, sino de un régimen que existe desde hace más de tres décadas y que sigue generando polémica.
Qué son las jubilaciones de privilegio
El esquema surge de la Ley 24.018, promulgada en 1991, y establece asignaciones mensuales vitalicias para presidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema y diplomáticos que terminaron su gestión. Según este régimen, los presidentes cobran el equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema de Justicia, mientras que a los vicepresidentes les corresponde el 75% de ese monto.
El beneficio no se limita a quien ejerció el cargo: las viudas e hijos menores o discapacitados cobran una pensión equivalente al 75% del haber original.
Quiénes integran hoy la lista
El caso más resonante de los últimos meses fue el de Cristina Kirchner, que volvió a sumarse al régimen tras un fallo judicial que restituyó la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner, con lo que ya son doce los adheridos a este sistema previsional especial.
Otros nombres conocidos también aparecen en la nómina. Tomando valores brutos de noviembre de 2025, el ranking estaba encabezado por el ex presidente Alberto Fernández, que percibió un haber bruto de $19.383.687,39, equivalente a 48,09 jubilaciones mínimas con bono.
Un caso particular es el de Daniel Scioli: el presidente Javier Milei lo designó al frente de la Secretaría de Turismo y Ambiente, un cargo en el que se desempeña ad honorem para poder seguir percibiendo su jubilación de privilegio. En noviembre, el ex vicepresidente cobró un haber bruto de $9.276.263,42, lo que representa 23 jubilaciones mínimas con bono.
Un proyecto para terminar con el sistema
En el Congreso avanza una iniciativa que busca derogar estos regímenes especiales. La propuesta, impulsada por los diputados Carlos Zago y Eduardo Falcone, plantea eliminar las asignaciones vitalicias y los regímenes previsionales especiales para funcionarios del Servicio Exterior y magistrados del Poder Judicial, y volverá a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de marzo de 2026.
El impacto fiscal no es menor: un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la eliminación de las jubilaciones de privilegio permitiría un ahorro anual de 1.234 millones de pesos para el Estado.
Lo que viene
El debate promete reabrirse en el inicio de sesiones de 2026, en un contexto donde la brecha entre estos haberes y la jubilación mínima sigue siendo uno de los temas que más indignación genera en la opinión pública.
