Por ahora se trata solo de anuncios rimbombantes, pero el Gobierno está decidido a avanzar a fondo en el proceso privatizador de las empresas públicas. En simultáneo, la Casa Rosada busca deshacerse de Aerolíneas Argentinas, la línea aérea estatal que enfrenta una seguidilla de medidas de fuerza por parte de los gremios. Estas acciones, impopulares para un sector de la sociedad, han dado a Javier Milei un argumento sólido para su principal objetivo: que el Estado venda o se desprenda de todas las sociedades con participación estatal.
“El Estado no tiene que seguir siendo empresario. Vamos a tratar de hacer todo rápido. La idea es vender todo”, ratificó un alto funcionario que monitorea el proceso, a cargo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. Esta unidad ejecutora, creada en julio, tiene dos años de vida útil. Chaher, mendocino, responde políticamente a Santiago Caputo y técnicamente a Luis Caputo, el ministro de Economía. Trabaja en coordinación con Federico Sturzenegger y es su primera incursión en la función pública.
Empresas públicas en la mira
El funcionario del Gobierno supervisa la situación de las 59 empresas estatales o con participación mixta sobre las que Milei ordenó desprenderse. Estas incluyen compañías bajo la órbita de Transporte, Industria y Comercio, Innovación, Energía, Planeamiento y Desarrollo Productivo, Hacienda, Defensa, Obras Públicas, Comunicación, Educación y Minería. “El Estado no sabe manejar empresas”, repiten fuentes oficiales. Este paradigma, con un alto componente ideológico, guía la nueva gestión.
El Ejecutivo trabaja en diversas opciones de privatización o venta, como ofertas públicas bajo el régimen de la Comisión Nacional de Valores, concesiones o concursos públicos. Un ejemplo es IMPSA, la empresa mendocina que fabrica componentes para proyectos hidroeléctricos y eólicos, y para centrales de generación nuclear. Esta compañía podría tener novedades en las próximas semanas, tras obtener el visto bueno de la Legislatura provincial.
En general, se trata de procesos largos y engorrosos, más allá de la voluntad política. En el caso de la salida a la Bolsa, el plan es avanzar con un grupo de empresas, no con un caso aislado. “Esa es la movida más fuerte que queremos encarar”, explicaron fuentes de la agencia. La idea es empezar con aquellas compañías que tienen el carácter de sociedades anónimas, cumpliendo con la documentación exigida por la CNV para cotizar en Bolsa con un porcentaje mínimo y, eventualmente, ampliar el porcentaje o llamar a licitación.
