Las elecciones en el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza han desencadenado un escándalo por nepotismo que sacude los cimientos del oficialismo, obviamente vinculado al gobernador Alfredo Cornejo. Detrás de las apariencias democráticas se esconde un entramado de nepotismo y sospechas que socava la integridad de la institución y mina la confianza en el sistema judicial.
En el epicentro de esta controversia se encuentra la lista oficialista, cuyos vínculos con el poder político y los conflictos de interés son evidentes. Sergio Molina, candidato a presidente del Colegio, ostenta un pasado como Director en la gestión anterior, lo que plantea serias dudas sobre su independencia y capacidad para liderar una institución que se supone debe ser imparcial.
Pero la situación no se detiene ahí. La presencia de Nuria Olivera como directora titular en la lista oficialista es aún más alarmante. Olivera, quien ocupa el cargo de secretaria legal y técnica de la legislatura, fue colocada por Hebe Casado, lo que sugiere una clara influencia política en las decisiones del Colegio. Su historial de designaciones en cargos vinculados al gobierno revela un patrón preocupante de favoritismo y connivencia.
Cornejo y Casado, la fórmula que gobierna Mendoza.
Todo queda en familia
El nepotismo también se manifiesta en la inclusión de la esposa de Ramiro Villalba, actual presidente del tribunal de ética, en la lista oficialista. Este tipo de nombramientos basados en relaciones personales en lugar de méritos profesionales minan la credibilidad de la institución y socavan la confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial.
Además, se han revelado audios comprometedores que evidencian prácticas irregulares en el proceso electoral. Sebastián Soneira, director de Personas Jurídicas habría ofrecido poner al día a los abogados de las reparticiones -como AFIP- a cambio de que estos avalen la lista del oficialismo.
Vale destacar qué, para estar empadronado, deben tener la cuota al día. Como el oficialismo maneja el Colegio, disponen de la posibilidad de poner al día a quien quieran, a discreción.
Sergio Molina con la actual presidente Andrea Maturana.
También generó una gran polémica el armado de la lista, a cargo de Omar Fornetti, socio de Soneira y responsable de ubicar al presidente de la Junta Electoral, José Falitti, como al apoderado, el abogado «Fico» Gachini.
El hecho de que desde el ejecutivo se envíe un correo electrónico instando a los funcionarios a respaldar exclusivamente la lista oficialista es una clara interferencia política en un proceso que debería ser independiente y transparente.
En conclusión, el escándalo en las elecciones del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza es un claro ejemplo de los peligros del nepotismo y la interferencia política en el sistema judicial. Se espera una pronta investigación a fondo sobre esta situación alarmante para que aparezca un manto de transparencia en el proceso electoral.
Un comentario
No conozco los nuevos, ni antiguos candidatos; pero siempre ha existido un moderado tinte político, que no ha influido en la gestión.
Sería lamentable que esta Institución Profesional sufra influencias ajenas al ejercicio de la profesión