El gobierno nacional concluye una semana intensa en el Congreso de la Nación, donde la oposición, con su mayoría consolidada, se impuso en ambas cámaras legislativas. En la Cámara de Diputados, la oposición rechazó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgaba USD 100 millones en gastos reservados a la SIDE. Mientras que en el Senado, se aprobó con amplia mayoría la nueva ley de movilidad jubilatoria, modificando el esquema propuesto originalmente por el Ejecutivo. La ley sobre las jubilaciones fue sancionada por 61 votos a favor y solo 8 en contra, reflejando el amplio consenso logrado por la oposición.
El proyecto de ley establece una actualización mensual de las jubilaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además de una compensación extra del 8,1% para cubrir la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los jubilados en enero. Sin embargo, esta iniciativa fue rápidamente cuestionada por el Poder Ejecutivo. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, anunció su intención de vetar la ley. Se acusó a la oposición de «populismo demagógico» y se criticó el proyecto por establecer «gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria».
El desarrollo de la sesión: otra vez UCR y UP juntos
Durante la sesión en el Senado, el proyecto fue defendido por senadores de diversos bloques opositores que lograron un acuerdo para avanzar con la iniciativa. Mariano Recalde, de Unión por la Patria (UP), destacó que “el sistema previsional argentino está en crisis”. Por lo que el Estado debía asumir la responsabilidad de garantizar la estabilidad de los jubilados. Por su parte, Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR), subrayó la importancia de ajustar las jubilaciones mensualmente por inflación. Con el objetivo de evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo, señalando que han perdido un 45% de su valor desde 2017.
La sesión reflejó un acuerdo general entre los bloques opositores, que votaron en conjunto tanto en Diputados como en el Senado. No obstante, el debate estuvo marcado por críticas cruzadas entre los senadores. Lousteau recordó que la privatización de las jubilaciones, uno de los principales problemas del sistema actual, fue promovida por el peronismo en los años 90. Destacó la paradoja de que ahora sean los mismos sectores los que buscan revertir esa situación.
El proyecto de ley aprobado en el Senado incluye una cláusula que ajusta las jubilaciones anualmente si los salarios suben más que la inflación, aplicando un 50% de esta diferencia. Sin embargo, propuestas de algunos senadores para reducir este porcentaje no fueron aceptadas. Las votaciones en particular de los artículos del proyecto evidenciaron la falta de apoyo del oficialismo, que perdió en cada una de las votaciones clave.
El argumento del Ejecutivo contra la ley
El Poder Ejecutivo ha manifestado su rechazo a la ley. Argumentó que su implementación implicaría un gasto adicional del 1,2% del PBI. Esto obligaría a recurrir a prácticas económicas que históricamente han llevado al país a la crisis, como la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento. A pesar de este fuerte rechazo, la oposición parece dispuesta a seguir adelante con la medida. Lo cual anticipa un nuevo conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo.
