Según los curas villeros, esta medida representaría un retroceso que afectaría a más de 5 millones de vecinos, en su mayoría menores de edad, generando mayor exclusión e inseguridad. El comunicado destaca la importancia de la intervención estatal en los barrios populares. Además, resalta los avances logrados gracias a las políticas públicas implementadas hasta ahora. Las mismas, han mejorado la calidad de vida de muchos vecinos, proporcionando acceso a servicios básicos como cloacas, agua, luz, educación y salud.
El motivo del comunicado
Se realizaron recortes en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales, como parte de una medida gubernamental. Este fondo, utilizado principalmente para la urbanización de barrios populares, había sido financiado con el Impuesto PAÍS, el cual destinaba un porcentaje a obras de infraestructura, turismo y vivienda.
Los recortes al FISU se llevaron a cabo a través de un decreto de necesidad y urgencia, reduciendo drásticamente el aporte del Impuesto PAÍS del 30% al 1%. Esta decisión generó preocupación y rechazo por parte de diversos sectores, incluidos los curas villeros y el equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina y Hogar de Cristo.
Los sacerdotes argumentaron que este recorte representaba un retroceso significativo en las políticas públicas dirigidas a los barrios populares, ya que el FISU era una de las principales herramientas para la integración socio-urbana y el mejoramiento de la calidad de vida de millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Señalaron que el presupuesto reducido afectaría negativamente a más de 5 millones de vecinos, la mayoría menores de edad, pudiendo aumentar la exclusión, inseguridad y desintegración social en estos barrios.
«Bajar el presupuesto de la FISU sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social», advirtieron.
¿Qué dice el comunicado de los curas villeros?
Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados. El preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son: afianzar la Justicia (los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado) y promover el bienestar general.
Antiguamente, las villas no figuraban en los mapas. Aparecían como “espacios verdes”. En un momento dado, la sociedad “se desayunó” con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana. Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido.
Gracias al relevamiento que nos permitió llegar al Renabap, muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad.
En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas.
No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer.
Bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente, es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza.
Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva.
