El Senado aprobó el proyecto de «régimen de transparencia fiscal al consumidor» dentro del paquete fiscal de la Ley Bases, sancionando así una medida que exige a los comerciantes desglosar en los tickets y facturas los impuestos nacionales que paga el consumidor.
El objetivo principal de la nueva ley es que los consumidores puedan ver claramente cuánto de su dinero se destina a impuestos cuando realizan una compra. Esta normativa se aplicará a partir del 1 de enero de 2025 e incluye impuestos como el IVA y otros gravámenes nacionales.
Llega como parte del paquete de medidas que busca modernizar el Estado, llegando a tocar leyes de 1973 que prohibían mostrar impuestos como el IVA al consumidor.
El año pasado el Diputado Sergio Eduardo Capozzi de Propuesta Republicana había enviado un proyecto de ley sobre la Transparencia Fiscal al Consumidor que no tuvo éxito en la Cámara Baja.
Esta iniciativa, impulsada por Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, bajo el lema «gasto lógico, impuestos lógicos, país lógico«, y respaldada por el presidente Javier Milei, busca transparentar la carga tributaria que soportan los ciudadanos.
Para Olivero Vila, el desconocimiento generalizado sobre la carga impositiva es alarmante: «El 84% de los argentinos desconocen que el mayor gasto en el que incurren son los impuestos. No existe otro país que aplique hasta cinco impuestos en el importe final, con una incidencia de hasta el 50%«.
El modelo de Brasil y cómo se verán los tickets.
La ley se inspira en la normativa brasileña, que desde 2012, mediante la Ley 12.741, obliga a detallar los impuestos en los comprobantes de pago. En Brasil, la implementación de esta medida fue impulsada por una ONG, al igual que acá, y apoyada por más de un millón de firmas y 135 organizaciones empresarias y del tercer sector.
La nueva normativa exige a los comerciantes que desglosen claramente en los tickets y facturas el monto correspondiente a impuestos. Deberán mostrar el precio final y el precio neto sin impuestos, detallando el IVA y otros gravámenes nacionales.
En los servicios estatales de todos los niveles (nacional, provincial y municipal), se prohíbe el uso de la palabra «gratuito«, debiendo sustituirse por «libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes«, justificando que lo «gratis» nunca existió como tal.
El texto aprobado estipula que «todos los sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar en la publicación de los precios el importe final a abonar por el consumidor final y el importe neto sin la incidencia del IVA y los impuestos nacionales indirectos (impuesto al cheque, internos); este deberá estar acompañado de la leyenda ‘precio sin impuestos’«.
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La AFIP deberá dictar las normas reglamentarias para que las obligaciones impuestas por esta ley se efectivicen a partir del 1 de enero de 2025. Asimismo, se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar sus propias normas para que los consumidores puedan conocer la incidencia de Ingresos Brutos y tasas municipales en los precios de bienes y servicios.
El empresario Claudio Zuchovicki hizo una propuesta más a fondo en el podcast de Rosendo Grobo, que evidencia también que parte de un roce cultural e ideológico en el pago de impuestos.
«Mi empleador me paga 500 mil, pero a mí de bolsillo me quedan 250 mil, pero cuando voy al supermercado mi poder de compra baja a 170 mil, porque por cada producto tengo que pagar impuestos. Me pagan 500 mil y mi poder de compra es 170 mil, yo puteo a mi empleador«.
«Mi propuesta es que el empleador me pague en bruto, y que después venga el sindicato o AFIP y me saque a mi, así los puteo a ellos. A mí no me alcanza por todos los que muerden en el medio. Exponelos«.
